La legislatura federal actual tiene la oportunidad, muy pocas veces presentada, de dar un giro de 180 grados en temas importantes del orden normativo mexicano.

Dadas las alianzas en el Congreso de la Unión, Morena tiene la mayoría necesaria para prácticamente aprobar cualquier reforma a la Constitución General de la República y -como quien puede lo más puede lo menos- modificar también las leyes federales que conforman nuestro sistema jurídico.

Hay muchos pendientes que claman urgencia entre diputados y senadores: la aprobación de reformas controversiales, como aquellas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y el consumo de mariguana, pero también de retrocesos jurídicos como la creación de la Guardia Nacional con un fuerte componente militar o seguir engrosando la lista de “delitos graves”, para que el imputado sea condenado a prisión antes de ser vencido en un juicio justo y bajo la presunción de inocencia.

Estar de acuerdo o no con los cambios jurídicos y políticos que se aproximan vertiginosamente en este sexenio de apenas dos meses de vida resulta insuficiente y hasta irrelevante si no entendemos la lógica que los produce. No basta con estar en contra o aplaudir las reformas que los señores legisladores voten alzando el dedo, sino que falta analizar la realidad social e histórica que impulsa a cambiar principios concebidos hace tres o cuatro generaciones.

El derecho debe adaptarse a la sociedad y no a la inversa, pues son las dinámicas sociales las que suelen propiciar los movimientos en la norma. Hasta antes de 1953, las mujeres no podían votar en elecciones nacionales ni ser candidatas. Hoy día resultaría impensable restringir a las ciudadanas el derecho al sufragio y la política en México sería muy distinta si no estuvieran presentes. De la misma manera, hay muchos sectores sociales que luchan porque les sean reconocidos sus derechos no solo en lo social -generalmente expresado en “cada quien puede hacer con su vida lo que quiera”- sino en lo jurídico, en la norma, para efectivamente poder ejercer esos derechos.

Tanto oficialistas como opositores deben entender el momento histórico en el que nos encontramos y la realidad social que va más allá de sus posturas partidistas.

Hay reformas progresistas que deben ser aprobadas en beneficio de la sociedad y por respeto a los derechos humanos, aunque a la oposición no le guste, y hay otras que representan peligro potencial y retroceso que deben ser descartadas a pesar del capricho oficialista y su abrumadora mayoría.

El gobierno debe ser para la sociedad y todos los grupos, no solo para los intereses partidistas.
Extra: ya que estamos en la sintonía de democratizar medios y sindicatos, sería bueno pensar en los partidos, obligándolos a elegir a sus futuros candidatos de manera democrática y por sufragio.

Es incongruente pretender hacer democracia hacia afuera y olvidar la de adentro.