Imaginémonos que un día despertamos y las primeras planas en los periódicos rezan: Mauricio Vila, gobernador 2018-2030. O que en la mañanera AMLO anunciara que extenderá su mandato un periodo más, no por decisión propia, sino por mandato del Congreso Federal.

Por más descabellado que parezca, esto fue lo que sucedió en Baja California. Después de triunfar Jaime Bonilla (Morena) en las elecciones de gobernador el dos de junio pasado, para gobernar por un periodo previamente establecido de dos años -es decir, hasta 2021-, el Legislativo de Baja California decidió, con aplastante mayoría de 21 votos, reformar la Constitución estatal para extender el mandato del gobernador electo por tres años más. Es decir, Bonilla gobernaría durante cinco años a pesar de haber sido electo para estar al frente del gobierno solo dos. El pretexto: gobernar dos años es muy poco y extendiéndolo a cinco empatarían las elecciones locales con las federales de 2024.

La medida es a todas luces inconstitucional, contraviniendo no solo los principios más elementales de la democracia, sino los mecanismos adoptados por la Constitución Federal en 2014 para acortar ciertos gobiernos estatales, a fin de empatar las elecciones locales y federales. Es casi seguro que proceda cualquier acción de inconstitucionalidad -o controversia constitucional- en contra de lo aprobado por los legisladores locales, pero además ya se han planteado otras posibilidades: el Congreso de la Unión tiene la facultad constitucional de decretar la desaparición de poderes en Baja California. Esto es, desde la Legislatura Federal pueden destituir a las autoridades locales y empezar un nuevo proceso para nombrar a quienes las sustituyan.

¿Cuál fue la verdadera lógica de los legisladores del estado del norte? La excusa de empatar las elecciones con las federales es absurda, no es proporcional ni compensa el costo de correr un riesgo tan absurdo. Morena puede ahora no solo perder a su gobernador electo -con todos los futuros cargos que lo acompañan-, sino que puede quedarse además sin diputados locales. ¿Será que fue un experimento, un antecedente de intento de reforma mayor que pretenda alargar el oficialismo morenista en otro nivel? O quizás solo fue una demostración penosa de ignorancia desmedida y falta de asesores competentes.

¿Y la autocrítica? Del 1 de julio de 2018 a la fecha, la constante es la misma. Las voces oficialistas que hacen frente a los errores son pocas: un Porfirio Muñoz Ledo acorralado por obradoristas recalcitrantes, un Cuauhtémoc Cárdenas en el exilio autoimpuesto y algunos funcionarios que son acusados de haberse desviado del camino, como Urzúa, ex secretario de Estado.

Por lo demás, la fórmula es curiosa: si un diputado del PAN, PRI o cualquier otro partido comete barbaridades, es culpa de la institución política. Si los legisladores o funcionarios de Morena aprueban extender inconstitucionalmente una gubernatura, votan contra el matrimonio igualitario o renuncian al gobierno, entonces se trata de personas aisladas que no entienden la 4T y para nada es culpa del partido.