Otra vez el Inegi vuelve a dar datos duros, solo que en esta ocasión le tocó cachetada a Yucatán. Las notas que semana tras semana se publican en medios nacionales, hablando de la inversión en Yucatán -muy presumido por las autoridades estatales, por cierto-, contrastan con la información contundente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: en el sureste están los salarios más bajos del país, pero además no hay salarios más bajos que los de Campeche y Yucatán.

Ya decíamos en columnas pasadas que, tanto a nivel estatal como municipal, se está apostando la mayor parte del éxito económico a la inversión nacional y extranjera. A pesar de haberse demostrado por décadas el fracaso de ciertas políticas económicas, las miras se dirigen casi exclusivamente a la lisa y llana creación de empleos y de volver a Yucatán, aprovechando el impulso que desesperadamente buscan en el Tren Maya, un punto turístico relevante.

Y no hay que interpretarlo erróneamente: la creación de empleos es importante, pues asegura un mínimo de supervivencia para la población en edad laboral, pero una baja tasa de desempleo no es necesario sinónimo de desarrollo económico, social y de bienestar. La creación de 20, 30 ó 50 mil empleos no garantiza una buena calidad de vida a las familias, cuando estos empleos reciben salarios ínfimos y que a veces solo pueden satisfacer lo más básico de las necesidades personales. Un ejemplo rápido: una familia de tres integrantes, cada una con 4 mil 500 pesos mensuales de salario, no tendrá la misma capacidad económica que aquella con dos personas trabajando, pero ganando en conjunto 18 mil pesos al mes.

Hay algo que casi ninguna autoridad, sea del partido que sea, ha logrado entender. Yucatán tiene que dejar de ser un mero productor de mano de obra y tiene que empezar a ser un productor de bienestar para sus habitantes; los yucatecos deben dejar de ser solo el capital humano de las empresas y las empresas deben empezar a ser, más allá de meras fuentes de empleo, actores que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

La ocupación y el trabajo son elementos importantes en un estado, pero las baterías deben apuntar más que nunca al desarrollo social y la reducción permanente de la brecha de desigualdad que, aunque no se quiera ver, existe y es muy grande en nuestra entidad. Los programas sociales, el apoyo a los sectores vulnerables, el impulso a la educación y la salud estatales deben ser vistos como inversiones -jamás como gastos o pasivos- que, a largo plazo, traerán iguales y hasta mejores beneficios que muchas otras medidas.

Y entonces sí, la iniciativa privada, con facilidades y siempre dentro de un marco jurídico que ponga reglas justas y establezca relaciones de igualdad, será un motor importante en el que el gobierno pueda apoyarse en aras de una sociedad verdaderamente justa y un estado de bienestar no para unos cuantos, sino para todos.