Un clavo saca otro clavo. Al menos así lo deben pensar en el Congreso de Baja California los legisladores morenistas, pues ante la evidente inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”, esa que pretende alargar el mandato del gobernador electo de dos a cinco años, en lugar de desecharla y enmendar su pifia jurídica, organizan una consulta popular “para que sea el pueblo quien decida si hay Bonilla pa’ rato”. Esta consulta será analizada y calificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá decidir si le da el visto bueno a la consulta.

Y aunque el tolok de esta albarrada ya sabía que a la 4T le aficionaban las consultas a mano alzada y los procesos al vapor, resultaba inimaginable la necedad de un Congreso por querer imponer sus propuestas antidemocráticas, solo comparable a la necedad de ciertos legisladores yucatecos que una y otra vez votan por normas ya declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. La locura, pues no puede llamarse de otra forma, no distingue entonces entre partidos –en Baja california los morenos y aquí los blanquiazules y tricolores-, sino de personalidades que demuestran no ser aptas para el servicio público y el trabajo legislativo, que, aunque no son todos, suelen ser a quienes se les dan espacios.

Quizás la consulta no sería tan mala idea si el tema que fuera a votarse no violentara los principios más básicos de la democracia y más de un precepto constitucional, sobre todo en un país al que tanto trabajo le ha costado construir un sistema democrático, con instituciones autónomas que protejan los derechos ciudadanos.

Inconformidad de egresados: denuncian que hay un problema en el Centro de Estudios Superiores CTM, localizado en esta ciudad de Mérida, que ha dejado en la incertidumbre y preocupación a casi un millar de egresados. Parece ser que desde 2017, la escuela no ha entregado sus títulos profesionales a más de 900 alumnos, cifra que va aumentando cada curso. Muchos de los afectados terminaron sus estudios en la licenciatura en derecho y ya empezaron a sufrir afectaciones importantes, pues en sus trabajos les exigen sus cédulas para poder permanecer en sus puestos o, de lo contrario, engrosar todavía más las filas del desempleo en México.

Según comentaron alumnos de dicha institución a un servidor, desde hace dos años realizaron el trámite con las autoridades escolares y hasta el día de hoy no han tenido resultados favorables. Afirman que en la Secretaría de Educación Pública les dijeron no tener hasta la fecha ningún trámite para expedir sus títulos y, ante las solicitudes y reclamos, la escuela se limitó a comunicar por Facebook que, tras dos años de atraso, el director no tenía conocimiento de la problemática a la que se enfrentan cientos de ex alumnos. Desde esta albarrada esperamos que pronto se resuelva la situación y se entregue su título a todo aquel que, después de años de estudio y esfuerzo, se lo ha ganado.