Ésta no es una apología de López Obrador; no pretendo defender una estrategia estéril y que hasta este momento no ha mostrado ningún resultado positivo. La violencia aumenta y la inseguridad se ha disparado, incluso rebasando los días más oscuros del sexenio pasado. Pero creer que las causas de lo ocurrido en Culiacán son culpa exclusiva del actual gobierno es, cuando menos, ingenuo.

México ha sido un país sumergido en la violencia en prácticamente todas las etapas de su historia. El narcotráfico no es nuevo y la inseguridad tiene raíces ya muy profundas. Durante el PRI, la prensa estaba bajo control absoluto y era casi imposible que se hablara del narco, al menos en los niveles en que se habla ahora. Con el foxismo el gobierno fue el gran ausente en todos los ámbitos de la vida pública. Pero fue durante el gobierno de Calderón que la violencia alcanzó niveles desastrosos, pues su inútil guerra contra el narcotráfico solo terminó por favorecer a unos y perseguir a otros. Estudios del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE) arrojaron que con Calderón crecieron en 900% los grupos criminales. ¿Cuál es entonces la efectividad de la guerra contra el narcotráfico?

Con Peña Nieto la estrategia fue básicamente la misma: capturar o eliminar a las cabezas de los grupos criminales y militarizar al país. ¿El resultado? Según el CIDE, por cada líder del narcotráfico sacado de la escena, los grupos criminales se fragmentan más y la violencia aumenta. López Obrador tiene una estrategia similar, al menos eso ha demostrado en su primer año de gobierno. Si bien se argumenta que el fin de los programas sociales es atender las causas que generan delincuencia e inseguridad, los operativos contra grupos criminales han estado en sintonía con los de gobiernos anteriores.

Quizás los eventos del jueves pasado fueron resultado de la inexperiencia del secretario de Seguridad y de la prisa del Ejecutivo por colgarle una medalla a su nueva Guardia Nacional. Son responsabilidad directa del presidente los errores del último año. Pero la inseguridad y la violencia son resultado de una clase política que, durante sexenios, no ha entendido que las acciones no deben ir encaminadas al enfrentamiento directo y la captura sin sentido de “capos”, sino a la política social, al debate sobre la legalización e incluso a la regulación por el Estado de la materia prima de los cárteles. Sí, hay que imponer el Estado de Derecho, hacer valer la ley y aplicar la fuerza en donde tiene que ser aplicada, pero entendiendo que responder al fuego o el uso legítimo de esta fuerza por parte del Estado no pueden ser la norma, sino la excepción. Cierto, Obrador ya es la cabeza de este país convulso y como cabeza debe gobernar, pero la herencia de décadas pesa y pesará más mientras el paradigma no cambie.

Aprovecho estas últimas líneas para saludar y mandar mi respeto a los miembros de las fuerzas armadas, quienes todos los días arriesgan sus vidas por las de los demás. A ellos todo el honor.