Jurídicamente siempre se ha visto a las comisiones de derechos humanos como organismos sin dientes, sin brazos, a veces con los ojos vendados y con una boca que en ocasiones –más de las que deberían- cierran en un acto de autocensura. En el sistema normativo mexicano aparecen como Órganos Constitucionales Autónomos, teniendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su fundamento en el artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna. Aun así, aunque sean autónomos de los tres poderes federales, casi nunca lo son del poder político.

Las ternas que se presentan a nivel federal y estatal para dirigirlas suelen depender más del cabildeo de los partidos y de sus intereses que del deseo de robustecer un sistema importante, pero que tiene poco margen de acción. Y si bien no por ello toda persona que sea elegida para dirigir estas instituciones está sometida al poder político o llega para proteger intereses, sí es dable que los procesos de designación de quienes defenderán y promoverán los derechos humanos de los ciudadanos pasen por una observación rigurosa y crítica.

Tal es el caso de Rosario Piedra Ibarra, una defensora y luchadora en pro de los derechos humanos cuya llegada a la presidencia de la CNDH trae aparejada una pérdida en la legitimidad de la institución. Impulsada por morena y principalmente por el senador Ricardo Monreal, Piedra Ibarra olvidó mencionar al Senado que todavía este año seguía siendo consejera nacional del partido en el poder, estatus político por demás cuestionable para el cargo que desempeñará. Y es que aunque todo ciudadano tenga como derecho humano militar en la agrupación política que así convenga a sus intereses, el hecho de que la presidente de una institución autónoma sea cercana al oficialismo puede levantar sospechas. ¿Cómo estar seguros de la imparcialidad e independencia de sus actuaciones?

Si bien sería irresponsable y vil juzgarla personalmente, la crítica a su investidura dadas sus circunstancias debe ser potente y sin descanso. A un organismo cuyas recomendaciones no tienen fuerza normativa ni obligatoriedad, descansando su autoridad principalmente en su autonomía, imparcialidad y objetividad, le han restado legitimidad con un proceso plagado de irregularidades y violaciones a la ley. No causa sorpresa que el Ejecutivo y el ala oficialista del Senado acusen de mezquindad a la oposición, que otra vez vuelve a quedar mal parada al desconocer varios gobernadores y alcaldes panistas a la nueva titular de la CNDH –sí, políticos mal asesorados, porque las recomendaciones tendrán que seguir acatándolas o justificando su negativa a ellas, toda vez que así lo mandata la Constitución y no obedecerla sería desconocer el propio texto constitucional-, pero cuando la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresa su preocupación, algo habrá que reflexionar. El futuro de la defensa de los derechos empezó con el incumplimiento del Derecho.

Buena oportunidad para que los organismos estatales revisen si sus actuaciones o silencios sirven a intereses políticos o ciudadanos.