No era necesaria una consulta para saber que el Tren Maya sería una realidad. Antes de que el Gobierno Federal decidiera implementar algún mecanismo para preguntar a la gente, el proyecto estaba hecho, la ruta trazada y el presupuesto asignado. El ejercicio fue, entonces, una manera de legitimar una decisión tomada desde antes de que iniciara el sexenio y de dar apariencia democrática a las acciones del Ejecutivo. Pero supongamos por un momento que la última palabra la tenía el pueblo, que seríamos nosotros quienes diríamos sí o no al proyecto insignia de la actual administración. ¿Cómo fue la consulta en la que una aparente mayoría aprobó el Tren Maya?

Habría qué empezar por las formas. Para empezar, la consulta fue organizada por el mismo gobierno. Cuando en cualquier lugar del mundo -incluido México- hay elecciones para renovar a nuestros representantes o cuando hay referendos y plebiscitos en los que se tomarán decisiones trascendentales, estos ejercicios son organizados por instituciones autónomas e independientes de la autoridad central, con el objetivo de garantizar la imparcialidad y la certeza antes, durante y después de la aplicación del instrumento.

En el caso de México, era el INE que, posterior a solicitud hecha por el Congreso de la Unión, debió organizar, supervisar y ejecutar la consulta. La del domingo no tuvo nada de eso: fuera de una publicación en el Diario Oficial de la Federación en la que se convocaba a la consulta, no hubo solicitud del Congreso, no hubo autoridad independiente que organizara ni que contara el resultado. Es más, las boletas no estaban ni foliadas, por lo que no existió en ningún momento la certeza de que tanto el ejercicio como su resultado fueran legítimos y apegados a derecho. Tanto en forma como en fondo, no hubo tal consulta. Si acaso podríamos hablar de una encuesta y a duras penas, porque hasta las encuestas siguen una estricta metodología.

Por si fuera poco, los ciudadanos que acudieron a la consulta no tuvieron la información suficiente para emitir su opinión. Todo lo que ha dicho el gobierno es que traerá desarrollo, empleos y mejorará la vida de los mexicanos. La panacea pura y dura. Pero por ningún lado se encuentran las fuentes oficiales que hablen de los contras, de los perjuicios que pudiese tener el proyecto. Es más, ni siquiera en las asambleas con los pueblos indígenas se habló de las posibles repercusiones ambientales, culturales o sociales del Tren Maya, como si las rieles fuesen a estar flotando en el aire.

Es imposible que una obra de esta magnitud no cause ni la más mínima afectación al entorno, como cualquier otra, pero no podemos tener la seguridad de la gravedad o levedad del mismo, porque hasta ahora el Ejecutivo se ha negado a realizar los estudios de impacto ambiental o aquellos que indiquen las afectaciones culturales, sociales y demográficas, entre tantos otros que harían falta. Así, el cuestionado sondeo o consulta sirvió para legitimar un tren que ya salió de la estación.