Si la columna pasada hablamos del Gobierno Federal, las últimas estrofas de 2019 teníamos que dedicarlas a Yucatán. Este año fue el primero completo de Vila después de arrebatarle al PRI el Palacio de Gobierno, pero algunos elementos criticados en el partido tricolor están resultando muy reconocibles entre la administración blanquiazul: el turismo como insignia que intenta justificar gastos excesivos cuando se pagan eventos de lujo, los viajes frecuentes al extranjero y las deudas multimillonarias que se contratan pretextando la seguridad del estado, entre otras cosas que seguramente se le vendrán a la mente a usted.

Como empieza su gobierno Vila no necesariamente indica cómo lo terminará. Sería injusto darle el beneficio de la duda al Ejecutivo Federal y no a quien dirige nuestra entidad, pero por ello también al gobernador se le agotan los tiempos de culpar al PRI de las problemáticas acarreadas a las que parecen no saberle hacer frente el mandatario de Yucatán y su equipo. Tal es el caso del gran problema financiero en que se encuentra el Isstey, que parece no tendrá un final satisfactorio para todas las partes y principalmente para sus beneficiarios.

Un caso curioso y hasta contradictorio es el de la contratación de la deuda por más de 2,600 millones de pesos que se le autorizó al gobierno estatal, argumentando que era necesario el recurso para las cámaras y semáforos del programa “Yucatán Seguro”, además de otras herramientas en materia de seguridad. ¿Qué es lo extraño del caso? Que, recordará el lector, la garantía de pago que puso el estado para contraer la deuda fueron las futuras partidas presupuestales federales, o sea, el dinero que la Federación destina a los estados independientemente de su presupuesto propio. ¿Por qué entonces el gobierno local se queja del recorte a estas partidas por parte de la Federación? O más aún, ¿por qué en la recientemente aprobada reforma a la Ley General de Hacienda incluyen nuevas contribuciones, como la que se ve en materia de seguridad y que pretenden se recaude a través del recibo de luz de los ciudadanos? ¿No para eso es la deuda? ¿Por qué subir entonces el costo de casi todos los derechos? Hasta ahora, solo a los analistas oficiales y a los diputados -si es que hicieron los cálculos- les salen las cuentas, porque todas las voces externas se cuestionan lo mismo. No cabe duda que la seguridad es y será siempre un tema de vital importancia, pero no puede ser justificante de todo.

Por último quisiera recordar que este año, como nunca, el Congreso local desperdició una y otra vez la oportunidad de reconocer los mismos derechos a todas las personas. Con diputados tan poco preparados y que hacen oídos sordos a los reclamos sociales, habrá cada vez más deuda, más contribuciones y menos derechos. El feudo del sureste que nunca dejó atrás el régimen de las haciendas.

Muchas gracias, querido lector, por haber estado recargado en la albarrada con nosotros este 2019. Le mando a usted y a su familia mis mejores deseos para 2020.