Dos interesantes posturas han demostrado el rostro xenofóbico de la sociedad mexicana y particularmente de la yucateca, durante sucesos bien marcados. El primero, de carácter local, fue consecuencia de las manifestaciones que se llevaron a cabo durante el informe de gobierno de Mauricio Vila. Recordará usted que hubo un conflicto entre los manifestantes y las fuerzas de orden y que terminó abruptamente cuando un elemento policial arrojó una granada de gas lacrimógeno a la multitud, en uso desproporcionado de la fuerza.

Pero más allá de todo lo que podamos comentar sobre este hecho, lo que nos concierne hoy es la respuesta dada por las autoridades locales que incluyen al gobernador, la secretaria de Gobierno y una diputada del PAN, quienes parece que apuntaron sus baterías de acusaciones y culpas a un mismo objetivo: los foráneos. El escritor de estas líneas no sabe si los mencionados pensaron que sería una excelente idea política apuntar a quienes vienen de fuera y eximir a los yucatecos o fue en realidad un ataque de soberbia en el que piensan que sus conciudadanos no serían capaces de manifestarse en contra de su gobierno, por lo que tuvieron forzosamente que ser personas de otros lugares. Quizás es un poco de ambos.

Lo cierto es que el gobierno ignora a los yucatecos que no están conformes con el perjuicio que impuestos y alzas en los derechos ocasionan y además continúa con un discurso de discriminación y división social entre quienes son igual de mexicanos. Es innegable que el crecimiento económico, el aumento en turismo y el desarrollo inmobiliario, así como las inversiones que tanto presumió el gobernador en su informe, se deben en gran medida a los miles de mexicanos de otros estados que han venido a Yucatán en busca de paz y oportunidades. Que la secretaria general de Gobierno o la diputada federal insinúen que la paz se perturba por gente de otros lugares solo deja en evidencia que el gobierno al que representan sería incapaz de garantizar seguridad para todos y lo único que puede hacer es cerrar puertas.

El otro suceso ocurre ante los cientos de centroamericanos buscando entrar a México y siendo repelidos por la Guardia Nacional. Los que los defendían del régimen priista hoy callan ante el incorrecto actuar del Gobierno Federal. México ha suscrito diversos tratados internacionales que lo obligan a respetar a los migrantes y acompañarlos durante su paso por el país, sobre todo a los que buscan la calidad de refugiados. No defender los derechos de aquellos a los que el Estado mexicano está obligado a proteger por sus compromisos internacionales es abrir la puerta a que en un futuro no se respeten ni los de los nacionales. El gobierno actual debería fajarse frente a las autoridades estadounidenses y actuar con la misma actitud humanitaria que ha caracterizado a nuestro país.

Ni la historia mexicana ni la yucateca se entenderían jamás sin los que vienen de fuera y han compartido nuestro mismo destino. Sin ellos no seríamos nosotros.