No es la primera vez que hablamos del riesgo que corren las autonomías universitarias en México. Ya el año pasado abordamos el tema ante algunas iniciativas de Morena en los estados y más recientemente, aunque ya fue retirada, el partido en el poder intentó impulsar una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar la Ley Orgánica de la UNAM, a fin de modificar el mecanismo de elección del rector de la máxima casa de estudios del país y de otras autoridades universitarias. La reforma, que ya ni siquiera será discutida por los legisladores, pretendía que cada estudiante fuera un elector y que el poder de decisión no se limitara al Consejo Universitario. Es decir, se planteaba un aparente modelo de elección directa, frente a uno colegiado e indirecto.

No cabe duda de que los intereses partidistas y las líneas políticas deben resultar totalmente ajenas a la autonomía universitaria. No ha habido ni habrá justificación alguna para permitir intromisiones de partidos o grupos políticos dentro de las universidades públicas y menos para cuestionar la manera en que estas instituciones deciden organizarse, estructurarse y elegir a sus autoridades, siempre respetando por supuesto los principios democráticos en los que se basa el Estado Mexicano. Baja California, Veracruz, la UNAM, apenas son algunos ejemplos de instituciones que han visto en peligro su autonomía por parte de Morena y otros partidos y quizás ante esto nos podríamos preguntar ¿por qué tanto interés en invadir la autonomía universitaria? Pero tal vez la respuesta se encuentre en aquello que origina esta interrogante. ¿Existe ahora plena autonomía universitaria? ¿Se encuentran las universidades públicas exentas de estas líneas y grupos partidistas? ¿Hay verdadera democracia en la forma de elegir a sus autoridades? Puede ser que este peligroso interés de Morena entrañe una triste e igualmente preocupante justificación, cuando volteamos a ver a algunas universidades del país en donde los estudiantes tienen un nulo, limitado o indirecto poder de decisión tanto en las políticas de sus universidades como en la elección de las autoridades. Tampoco abona a esto la presencia de grupos partidistas, patrocinados por figuras políticas conocidas, actuando incluso a nombre –o utilizándolo- de las universidades autónomas (bien sabido es que muchos grupos y representantes estudiantiles operan activamente para partidos dentro de las instituciones educativas).

¿Qué hacen entonces las universidades donde esto ocurre para defender la autonomía? ¿Cómo combaten las intromisiones partidistas? ¿Tienen bien reglamentadas sus elecciones y promueven los principios democráticos dentro de sus comunidades? ¿Son democracias abiertas o cerradas a un mismo grupo? El autor de estas líneas, formado con orgullo en una universidad pública y autónoma como la UADY, aplaude y concuerda con todas aquellas universidades (incluida mi alma máter) que han levantado la voz en defensa de su autonomía, pues ésta no debe ser jamás agredida por nadie. Ni por fuera ni por dentro.