El Federalismo mexicano ha sido visto siempre desde una perspectiva romántica; enaltece regionalismos, afianza cacicazgos y da la falsa sensación de que los estados son libres y soberanos, pero coordinados armónicamente en una Federación en la que cada entidad está voluntariamente y, por consiguiente, podría exigir su separación de la República. No ante pocas desavenencias entre los gobiernos locales y el nacional se ha hecho correr la amenaza de que el llamado Pacto Federal puede romperse.

Y es que si bien la República se forjó en su origen como una Federación compuesta de diferentes jurisdicciones (recordemos que posterior a la independencia había territorios no gobernados por la Nueva España), firmar el Pacto Federal significó la pérdida de la soberanía absoluta de cada una de las porciones integrantes. El artículo 40 constitucional habla de la integración por “estados libres y soberanos”, pero una vez dentro la soberanía es cedida por completo a la Federación; se renuncia a ella. Para sencillos ejemplos, todos nuestros instrumentos jurídicos (hasta nuestra propia Constitución local) deben estar subordinados a la Constitución federal. Todo lo que vaya en contra de ella se invalida casi en automático y los gobernadores no pueden actuar más allá de las facultades que les impone la Carta Magna.

Es decir, ninguna entidad federativa goza realmente de soberanía, pues ello implicaría la facultad de poder regularse, administrarse y organizarse libremente, sin ningún ordenamiento superior que los limitara. Lo que sí tienen los estados es autonomía, característica que les permite tomar decisiones por sí mismos en aquellas esferas que la Constitución Federal les haya reservado, pero siempre en concordancia con ésta. En la realidad jurídica y práctica, lo único que separa a nuestra República Federal del centralismo es la capacidad que tienen los estados de elegir a sus propias autoridades locales y que éstas ejerzan las facultades que la ley les otorga.

Esto viene al caso porque en los últimos días algunos gobernadores amagaron con abandonar el mal llamado “pacto fiscal”, alegando que la Federación no les da lo que les corresponde por “generar más” que otros estados, sin asumir la responsabilidad de que esos estados “que producen más” en años no han mejorado su hacienda pública y dependen casi totalmente de las participaciones federales, en claro contraste con Yucatán (con algunos aspectos cuestionables) que está bastante parejo entre su ingreso local y lo que le toca del Fondo de Participaciones.

Ante esto surgieron especulaciones del rompimiento del Pacto Federal y el desmembramiento de la República. Cosas totalmente distintas: la Coordinación Fiscal a la que se refieren los gobernadores es voluntaria, pueden salirse cuando quieran porque la misma Constitución lo permite, pero no abandonar el Pacto Federal que es inquebrantable y no hay vía formal alguna que permita su disolución. En lugar de asustar con el petate del muerto, los gobernadores deberían mejorar sus sistemas recaudatorios y entender que el principio de las participaciones federales es la solidaridad: dar más a los que menos tienen y no dar más a los que menos necesitan.