En Yucatán convergen dos formas distintas de ver la pandemia de Covid-19: la de la Federación y la de las autoridades locales. No cabe duda que ambas tienen como fin último proteger a la ciudadanía y reducir el impacto del virus entre la población mexicana. Pero, aunque los objetivos sean muy loables, hay fallas severas y muy criticables que no se deben a la incapacidad del aparato mexicano y sus instituciones, sino a la visión de Estado que tienen los diferentes órdenes de gobierno.

Por un lado tenemos al Gobierno Federal, cuya cabeza del combate al Covid-19 es el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Este personaje es, en toda la extensión de la palabra, un experto en emergencias sanitarias como las que vive nuestro país hoy día. El presidente Andrés Manuel, quien muchas veces ha mostrado una actitud inapropiada y contraria a la recomendada por el Dr. López-Gatell, ha tenido cuando menos el acierto de hacerse a un lado y dejar la dirección y el protagonismo de las acciones de gobierno en materia de salud a los expertos, a los científicos. Por ello, los acuerdos a los que ha llegado el Consejo de Salubridad se han basado en evidencias, en investigaciones y sus acciones como el distanciamiento social, el cierre de centros laborales no esenciales y suspensión de actividades públicas, van encaminadas a mitigar la propagación del virus. En lo que ha fallado la Federación -un error que podría costar mucho al país- es en no contar con un proyecto económico serio y realista para disminuir el impacto que tiene el virus en la economía de millones de mexicanos. No hay facilidades para empresas y contribuyentes en general y la idea de dar dinero en efectivo a las personas, además de ser una medida populista, está destinada al fracaso.

Por otro lado, tenemos al gobierno yucateco y a los municipios. Lo más notorio de las autoridades locales es que quienes coordinan, dirigen y protagonizan la lucha contra el nuevo coronavirus son empresarios, políticos, gente no especializada en salud pública. Se extrañan las voces científicas; en los decretos publicados en el Diario Oficial del Estado y en las medidas tomadas por municipios del interior se nota la ausencia de evidencias, de rigor científico y hasta de lógica, pues no está demostrado que lo decretado por las autoridades yucatecas contribuya efectivamente a detener la transmisión y, por el contrario, puede poner en riesgo la salud de las fuerzas del orden. Por si fuera poco, lo publicado en el medio oficial contraviene la Constitución Federal y tiene errores de legalidad y fundamentación normativa. Lo que hay que señalar también es que económicamente se han presentado mayores apoyos a los contribuyentes yucatecos y créditos que, aun con el populismo evidente detrás de entregar dinero -tal y como ocurre a nivel federal-, puede significar un alivio para quien ha perdido su empleo a causa de la epidemia.

Por un lado se aplica la ciencia y por el otro la política. Unos ven al Estado como una Institución social y otros como una empresa. ¿Quién es quién?