El 23 de abril, mediante decreto presidencial, se anunciaba la entrada en vigor de una serie de normas enfocadas en la “austeridad republicana”, en la que se privaría a altos funcionarios de prestaciones laborales básicas como el aguinaldo, además de contemplar una disminución de hasta el 25% de los salarios de estos servidores públicos. Ambas estrategias navegan en una ambigüedad legal que raya en la inconstitucionalidad según el derecho laboral mexicano, aunque no sería la primera vez que López Obrador toma decisiones políticas que se salen del marco jurídico nacional. Sin embargo, quizás la medida más polémica incluida en este decreto es aquella por medio de la cual se recorta el 75% de lo presupuestado en los capítulos 2000 y 3000 para todas las secretarías de estado y dependencias gubernamentales. Los capítulos son instrumentos por medio de los cuales el gobierno mexicano clasifica el gasto público de los conceptos generales, como el destinado a insumos y materiales y a servicios contratados.

Una de las dependencias más afectadas es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), organismo que se encarga de salvaguardar el patrimonio cultural de México en prácticamente todas sus vertientes. Ahora con el recorte y disponiendo apenas del 25% de su presupuesto original para gastos generales, no sólo corre peligro la institución misma, sino todo el patrimonio arqueológico e histórico de México, incluidos museos, bibliotecas y los elementos que resguardan. La falta de recursos obligará al INAH a suspender hasta las obras de mantenimiento básico en las zonas arqueológicas como Chichén Itzá o Palenque, lo que supone un riesgo de daño grave a las estructuras prehispánicas. Además, la investigación en estos sitios sufrirá un severo retraso en los mejores escenarios y en otros tendrá que ser suspendida por tiempo indefinido. A lo anterior se le suma la pérdida de cientos o miles de empleos, pues muchos arqueólogos, antropólogos, custodios de las zonas arqueológicas e incluso personal administrativo no verán renovados sus contratos.

Por si lo anterior no bastara, resulta curioso que estos recortes, que no sólo se aplicaron al INAH sino a dependencias encargadas de salvaguardar el medio ambiente y reservas naturales, se dieran en el marco de inicio de obras del Tren Maya, proyecto que se ubicará en una de las zonas con mayor densidad de vestigios arqueológicos del país y coincidiendo también con el descubrimiento de decenas de restos óseos de mamuts, además de entierros humanos con ofrendas cerámicas asociadas en los terrenos donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía. Tanto el tren como el aeropuerto son dos de los megaproyectos a los que el presidente Obrador se aferra, a pesar de sus elevados costos y las duras críticas provenientes de diversos sectores, como el académico. Ahora, ante la falta de recursos del INAH para investigar, proteger y preservar el patrimonio cultural mexicano, ambos proyectos podrán avanzar sin retrasos ni impedimentos, aunque muy seguramente en detrimento de la herencia cultural nacional.