Hace un año se anunciaba el proyecto para remodelar el centro de convenciones Siglo XXI. A pesar de que recién terminado el sexenio de Rolando Zapata se había entregado el Centro Internacional de Congresos -ese que sirvió para la polémica Cumbre de los premios Nobel que, según algunas fuentes, costó varios millones de pesos al estado-, el gobierno actual decidió designar cuando menos 220 millones de pesos para ampliar y mejorar el conocido escenario de multitud de eventos en el norte de la ciudad. La justificación es que este año se llevaría a cabo el Tianguis Turístico en Mérida, del que el gobierno se esperanzaba para conseguir mayor afluencia de turistas al estado. Pero, ¿qué hubiese pasado si esos 220 millones de pesos se hubiesen invertido en rubros que necesitan una intervención urgente como, por ejemplo, fortalecer el sistema de salud en nuestra entidad?

Habrá seguramente quienes sostengan que el turismo es un área estratégica de inversión: que a través del fomento a esta actividad se crean empleos y hay una derrama económica importante. Será tema de otra columna discutir el famoso mito de la derrama turística, que concentra -como muchas otras actividades- mucho dinero en pocas manos y no garantiza empleos bien remunerados o con las prestaciones debidas para la gran mayoría de los yucatecos, tal y como ocurre en plazas importantes como Cancún o Playa del Carmen. Aquí el tema toral es, como lo hemos discutido antes, la lógica y la visión de Estado de un gobierno que privilegia el recurso en sectores que en otras circunstancias serían primordiales, pero que en entidades como la nuestra pasan a segundo plano ante otros que desfallecen.

Habrá también quienes sostengan que los gobernantes no son el adivino de Uxmal ni pitonisas griegas que pudieran prever una catástrofe como la del Covid-19; que resulta absurdo pedir que alguien viaje hacia el futuro para saber si el año siguiente tendremos que hacer frente a una epidemia. Pero no hay que viajar adelante en el tiempo ni tener poderes místicos para realizar lo que debe ser la tarea de un Estado sólido y con sentido social: atender las necesidades básicas de la sociedad y fortalecer y reparar las áreas esenciales, como el sector salud. Por supuesto, con 220 millones de pesos no se resuelve el déficit del sistema sanitario de Yucatán, pero se deja ver la lógica de gobierno y las prioridades que se tienen en la administración pública. Quizás sin préstamos en otras esferas o canalizando el gasto público a los sectores más esenciales, hoy la epidemia se padecería más tenue.

Si bien el sector salud depende en considerable medida de la Federación -sin aportación federal seguramente no se hubiese terminado el hospital de Tekax-, la entidad tiene también una responsabilidad importante. Muestra de ello es lo que instaló en el Siglo XXI en material médico, del que hay varias interrogantes y suposiciones circulando entre la población. Ojalá lo bueno dentro de lo malo sea aprender la importancia de gobernar con sentido social y con visión de Estado, más que con la novedad y el espectáculo.