Hace unos meses comentábamos acerca de las medidas inconstitucionales que algunos representantes populares implementaban en México. Incluso hablamos sobre una polémica medida que el Ejecutivo estatal intentó imponer por medio de decreto, donde se limitaba la movilidad de las familias yucatecas al permitir sólo una persona por vehículo. Esta norma fue criticada fuertemente debido a su componente discriminatorio y clasista, pues la mayor parte de las familias yucatecas con vehículo (no contando a la inmensa mayoría que no lo tiene) sólo posee un automóvil, siendo los estratos altos de la sociedad los que al tener mayor número de coches podrían circular sin problemas por las calles, mientras que varios miembros de miles de familias se verían obligados de pronto a usar un transporte público deficiente, saturado y en condiciones sanitarias deplorables, aumentando su probabilidad de contagio.

Sin embargo, hace pocos días otras medidas similares fueron anunciadas por el gobierno estatal: en pleno ascenso del número de casos y muertes por la epidemia de coronavirus, el ejecutivo permitió que las marinas y los clubes deportivos abrieran, pero las playas se mantuvieran cerradas. En una jugada aparentemente destinada a reactivar lentamente la economía, pero reducir la posibilidad de contagios, la lógica que se sigue es que en una embarcación privada, en un yate, en una lancha, las personas tendrán menos probabilidad de contagiarse que estando sentadas a la orilla del mar. No importa que quienes se embarquen no sean familia, no hayan convivido sólo entre ellos o no se tenga la certeza de que cumplieron cabalmente las medidas de distanciamiento social. Pareciera que el mar lava el virus de los cuerpos que utilizan las embarcaciones, mas no así de los que no pueden permitirse este tipo de recreación. O quizás el gobierno piensa que el comportamiento humano y el distanciamiento se cumplen en altamar, pero se relajan entre quienes se limitan a tumbarse al sol de las playas. ¿Es efectiva la medida para mitigar los contagios? No. ¿Por qué entonces hacer esa distinción? Si ya no importa el distanciamiento social, que se abran playas y marinas por igual. Pero si no, ¿por qué unos sí y otros no?

Estas medidas caen en lo que en derecho se conoce como “categoría sospechosa”, pues hacen una distinción entre quienes pueden acceder a determinados medios para gozar de un derecho y quienes no, sin razonamiento lógico o jurídico alguno que justifique dicha distinción. En el caso concreto, nada apunta a que una persona en un bote tenga menos probabilidad de contagio que una en la playa, pero sí limita a unos y permite a otros. Aunque parezca, no es cosa menor condicionar un derecho (como el esparcimiento) a las posibilidades económicas; recordemos, por ejemplo, los créditos que otorgó el estado a aquellos que por poseer una computadora e internet podían solicitarlo, excluyendo a la inmensa mayoría que no contaba con esos recursos y que más necesitaba el apoyo. El covid ha ido mostrando el clasismo tras muchas políticas públicas y la visión de las autoridades sobre la realidad.