Hace pocos días, en Chile se llevó a cabo un plebiscito a fin de decidir si se debía formar un Congreso Constituyente y elaborar una nueva Constitución para el país sudamericano. La relevancia de este suceso radica en dos puntos: primero, que con esta decisión aplastante de la mayoría (el 91% de los chilenos votaron porque sí haya una nueva Ley Fundamental) se rechaza abierta y directamente la Constitución actual, misma que surgió durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien llegó al poder después del golpe de Estado en contra de Salvador Allende -primer presidente socialista del mundo en ser electo democráticamente-. Esta Carta Magna pinochetista es considerada como franca y abiertamente neoliberal, desprotegiendo a las y los ciudadanos chilenos en multitud de derechos, además de que prácticamente mercantiliza y privatiza el sector público de la República, dejando en manos privadas servicios como el agua, la salud y las pensiones y multitud de recursos naturales.

El segundo punto es que Chile dio a América Latina un ejemplo espléndido de participación ciudadana y democracia directa. Ahí fueron las instituciones públicas, emanadas de una Constitución considerada como “mala”, las que organizaron el ejercicio democrático y dieron certeza jurídica, validez y legalidad al “sí” expresado por los chilenos. Fue un proceso tardado, complejo, pero bien informado, publicitado y del que ningún opositor o país del mundo podría dudar en cuanto a su veracidad, credibilidad y legitimidad. Hubiese sido difícil ver al gobierno chileno preguntar a la gente para que, a mano alzada, decidiera si hacía falta una nueva Constitución. Resultaría muchísimo menos legítimo el proceso si el ejercicio de democracia hubiese sido organizado por un partido o sólo por un grupo de ciudadanos, en lugar de por las instituciones que para tal efecto se designaron. Sí, ésta es una directa referencia al Gobierno de México que insiste en realizar consultas de todo, pero sin formalizar nada.

La fobia del Gobierno Federal a las vías formales sólo podría explicarse con el temor de verse desfavorecido en los resultados. Los ejercicios que se han venido dando sólo han servido como propaganda y como una forma indirecta de hacer sentir parte a la gente, que como estrategia política es brillante, pero que encubre cierto desprecio y menoscabo a la estructura democrática mexicana ya de por sí endeble.

A Evo Morales le tomó un golpe de Estado, un exilio y la negativa de poder participar en las elecciones ganar, por medio de su partido, los comicios que los propios golpistas armaron. Por las vías constitucionales demostraron que el pueblo exige lo que quiere y hoy nadie discute el triunfo. A Chile le llevó otro tanto y hoy nadie se atrevería a controvertir los resultados o desconocer la voz de miles y miles que quieren una nueva Constitución. En México, la imagen de la democracia se va erosionando al ritmo de la simulación y la soberbia. Latinoamérica avanza, México se estanca.