La próxima semana comienza en forma el proceso electoral en la Uady, que renovará a su órgano supremo de dirección: el Consejo Universitario. En teoría y según la normativa universitaria, el Consejo es la autoridad superior de la Institución, siendo el encargado de la toma de decisiones y de determinar el rumbo que llevará la Universidad. Está conformado por el rector, el secretario, un consejero maestro y uno alumno por cada facultad y escuela preparatoria, los directores de las mismas y los directores de los centros de investigación Uady. En sentido estricto, sólo los consejeros alumnos y maestros son electos directamente por la comunidad universitaria, mientras que los demás cargos de representación se eligen de forma indirecta y muchas veces -lamentablemente- con poca participación de alumnos y maestros que se ven ajenos a los procesos. Ahí sin duda hay un área de oportunidad para nuestra Universidad.

Sin embargo, hay algo que llama la atención en cuanto al proceso electoral de la Uady: carece de una reglamentación o normativa clara, precisa y completa que marque las pautas para que se desarrolle la dinámica de elección de representantes de manera confiable, equitativa y certera. Durante décadas, la elección de los representantes (sobre todo alumnos) se ha llevado a cabo según unos acuerdos generales que cada dos años emite el propio Consejo Universitario. Desde ahí el autor de estas líneas ve un primer problema; para asegurar que se cumpla con los principios democráticos, lo más adecuado sería que existiese una especie de órgano electoral diferente al Consejo Universitario, con autonomía, que se encargue de organizar las elecciones y garantizar que se respeten los principios de equidad, transparencia y certeza. Hace un poco de ruido que sea el propio Consejo Universitario quien se renueve a sí mismo y pueda cambiar los lineamientos electorales cada dos años, aun cuando pueda existir cierta constancia en los mismos.

Por otro lado, es imperante que se cree un reglamento electoral robusto y completo en la Universidad. Tal documento debería regular los tiempos para hacer campañas, la jornada electoral, el proceso de cómputo de votos y, por supuesto, las sanciones a quien incumpla las reglas. Año tras año se dan casos de inconformidad por alumnos que señalan compra de votos, coacción y prácticas desleales en los comicios, no teniendo un medio efectivo de defensa para sus impugnaciones y estando a merced del arbitrio de la autoridad universitaria. Si bien no se asegura que se acabe con estos vicios, un reglamento real y fuerte en materia electoral podría disminuir la incidencia y al menos dotar de mayores herramientas a la comunidad universitaria que sienta lesionados sus derechos. Este reglamento debería incluir, por supuesto, a las Sociedades de Alumnos que, si bien “representan” al estudiantado en sí mismo, tienen acceso a recursos de la Universidad, por lo que la renovación de sus órganos debiera estar normada y no como ahora que federaciones estudiantiles emiten convocatorias a modo y en donde sancionan o resuelven en favor de sus propios candidatos.

Sin duda algo que vale la pena analizar.