De entre todas las incongruencias cometidas por el gobierno federal, siempre tratadas de ser maquilladas por los verdaderos “intelectuales orgánicos” y acérrimos partidarios de la 4T con las llamadas “maromas”, quizás la presenciada en los últimos días y que ha acaparado los titulares y los foros de discusión se lleva las palmas. Cuidado: ésta no es una opinión que pretenda cuestionar o poner en duda el derecho a la presunción de inocencia de una persona, pues considero que es uno de los principios más elementales del derecho y del debido proceso y que se encuentra tutelado por la Constitución Federal. Toda persona debe ser considerada inocente, independientemente de quién sea, hasta demostrar lo contrario. Sin embargo, la trascendencia del asunto radica, a mí parecer, no en sí Salvador Cienfuegos es inocente o no de determinados delitos, sino en la forma por demás cuestionable con que el presidente Obrador usa, por así convenirle políticamente, la esencia del derecho y la justicia.

Recordará usted que el año pasado detuvieron al exsecretario de la Defensa Nacional (en funciones durante el peñismo) en Estados Unidos, a petición del Departamento de Justicia de ese país, señalado presuntamente por asociación delictuosa con grupos del crimen organizado. La DEA ya contaba con un expediente listo para presentar ante un jurado e iniciar así un proceso en contra de Cienfuegos, pero a petición del gobierno mexicano, que dijo investigaría al militar aquí, el general fue trasladado a territorio mexicano. Hace unos días, la Fiscalía General de la República decidió que no hay delitos que perseguir y el presidente salió en defensa de la Fiscalía, argumentando que en su gobierno ni se fabrican pruebas o delitos ni se prejuzga a nadie sin evidencia. Además, por supuesto, aprovechó para calificar la investigación de la DEA como “poco profesional”.

Resultan contradictorias esas afirmaciones para un presidente que, en dos años de gobierno, sí ha decidido descalificar a quienes considera “los opositores”, “los adversarios”, tachando a muchos de corruptos, beneficiados por el “antiguo régimen”, pero casi nunca aportando pruebas ni evidencia que respalde su dicho. Armó toda una campaña y respaldó la recolecta de firmas para que “el pueblo decida” si se juzga a expresidentes por “actos de corrupción” (trabajo que debería hacer la Fiscalía de tener pruebas y sin necesidad de consulta), pero hasta hoy no ha presentado una sola evidencia y sí ha prejuzgado e imputado conductas delictivas a los mandatarios pasados. ¿Acaso la presunción de inocencia se respeta con discrecionalidad y a conveniencia? Sorprende además que ahora descalifique el trabajo de la DEA, el mismo que aplaudió cuando detuvieron y procesaron a García Luna o que aporta información en otros casos emblemáticos, como el del Chapo Guzmán y otras personalidades de la vida pública.

Una vez más, en este “nuevo régimen” que no admite réplica ni oposición, todo depende del cristal de la conveniencia -y designio- presidencial con que se mire.