Hace unos días, México cumplió un año desde que el primer caso de Covid-19 fue registrado en nuestro país. Fue el 27 de febrero de 2020 cuando se detectó en territorio nacional a una persona con los síntomas de lo que -nadie podía imaginarse- sería una enfermedad que nos pondría a prueba en más de una manera. En Yucatán el primer caso se detectaría quince días después, el 13 de marzo. En cuanto a la cuarentena, llevamos más de once meses con la estrategia de “quédate en casa”. Al día de hoy todavía cuesta entender cuáles son los criterios del gobierno federal y de los gobiernos locales para mitigar la transmisión de este coronavirus, pues en ambos niveles se han tomado decisiones cuestionables y, en muchas ocasiones, poco claras y hasta ambiguas.

No es muy difícil recordar, por ejemplo, aquella guerra interna entre la Federación y los gobiernos estatales, culpándose los unos a los otros de la saturación de hospitales o del aumento repentino de casos. Parecía que no quedaban claras las atribuciones en materia sanitaria o que cada quien habría de “rascarse como pudiese” para tratar de mantener la salud de sus gobernados. Eso provocó que existieran actitudes y formas encontradas en un mismo territorio sobre cómo afrontar una contingencia para la que nadie estaba preparado. Mientras unos eran laxos al extremo y evitaban toda clase de prohibiciones (Federación), otros hacían todo lo contrario, imponiendo medidas fuera de toda proporción y que además estaban fuera de sus facultades constitucionales y, por tanto, de la ley (estados y municipios). De pronto, México se había convertido en un Estado ingobernable, al menos en materia sanitaria, en donde el protagonismo que debiera tener la ciencia fue tomado por la improvisación y la ocurrencia. Algunas medidas, que no han podido demostrar su efectividad y sí han, en cambio, lesionado derechos ciudadanos, se siguen implementando.

Y en la arena política y discursiva pasó lo mismo: no hubo ni hay en México un discurso o una línea de acción verdaderamente unificada y que vaya en el mismo sentido, que haga más fácil sumar esfuerzos sin confundir a la población. Irritó ver a un presidente que se rehusaba a usar cubrebocas mientras miles morían o a gobernadores que acusaban a la Federación de no dar los recursos para los hospitales, cuando desde hace casi treinta años los gobiernos locales son también autoridades en materia sanitaria, con la obligación de mantener en buen estado y de mejorar sus sistemas de salud.

No podemos dejar de lado la responsabilidad que la sociedad tardó en asumir -si es que alguna vez lo hizo-. Entre la desidia de no guardar la sana distancia ni observar todas las medidas de prevención, entre la indignante agresión al personal de salud, entre la quema de hospitales y antenas 5G y entre la paranoia de los termómetros que matan neuronas y el líquido de las rodilla, quienes conformamos la sociedad también tenemos responsabilidad de estar en donde estamos. Un año después, la catastrófica cifra de 60 mil muertos que Gatell pronosticó como imposible se ha triplicado. Que dure un año más o acabe pronto depende de todos.