Es por todos sabido -o al menos debería serlo- que, para su correcto funcionamiento, el Estado Mexicano se “divide” en tres poderes: Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República; Legislativo, conformado por las Cámaras de Senadores y Diputados, y Judicial, cuya máxima figura es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la teoría del Estado se señala que estos poderes deben ser independientes uno de otro y actuar con autonomía y libertad en sus funciones, teniendo como límites la Constitución, las leyes y los tratados en que México es parte. La intención de esto es no sólo que el aparato estatal funcione de una manera óptima, sino el equilibrio entre el poder de cada uno. Supongamos, por ejemplo, que el gobernador de un estado o un congreso local emiten una norma que afecta a los gobernados, quienes deciden acudir a la autoridad judicial en busca de protección. Es precisamente la independencia y autonomía de los poderes lo que permite que los jueces y el Poder Judicial en general puedan revertir o detener las arbitrariedades o actuaciones de otras autoridades, cuando el derecho así lo señala.

Resulta por ello antidemocrático y autoritario que Andrés Manuel utilice su púlpito mañanero para tratar de presionar al Poder Judicial federal, para que un juez cambie una resolución o sea sancionado, simple y sencillamente porque se contravienen los intereses, no de la ciudadanía, sino del gobierno de la 4T. Decía AMLO que no es posible que haya jueces que defiendan a particulares en lugar de defender los intereses nacionales. Pero lo que no entiende el presidente es que no está peleada una postura con la otra y que el interés nacional no implica una obediencia ciega e incuestionable a los designios del gobierno, sino a la Constitución.

Sobran en los foros los comentarios -que el mismo presidente hace y le replican muchos- sobre que “antes los jueces no actuaban” y ahora sí, sugiriendo un complot contra su administración. Y aunque AMLO nunca ha presentado pruebas tangibles de su dicho, suponiendo que sí “en el régimen anterior” se actuaba indebidamente, ¿eso significa que ahora deben seguir las cosas igual? ¿No eran estos nuevos tiempos? Parece que toda crítica no hecha en el pasado anula por completo cualquier crítica que se pretenda hacer en el presente; una especie de reclamo de la 4T a ejercer su derecho a no ser vigilados ni cuestionados.

Con un Congreso que ha perdido su capacidad de debate y ha renunciado a su deber de legislar -como menciona Porfirio Muñoz Ledo- y con un Ejecutivo que prefiere seguir sus propias reglas, el Poder Judicial federal es -y esperemos que así siga- el bastión que servirá de verdadero contrapeso y garante de la Constitución, en tiempos donde contrariar la presidencial palabra se ve como sinónimo de contrariar al pueblo mismo y traicionar a la patria.

Por cierto y como comentario a los asesores de AMLO: no se actuó “velozmente” en su caso porque el juez de Distrito sea enemigo declarado de la 4T o cómplice de los neoliberales. La propia Ley de Amparo establece los términos en que debe analizarse y en su caso otorgarse la suspensión.