Ni éxito ni fracaso. La Consulta Popular en sí y sus resultados tienen muchas lecturas que dependen, por supuesto, del cristal con que se miren. Desde la perspectiva de los ciudadanos que promovieron legítimamente este ejercicio democrático, esos que recabaron las firmas y buscaban obligar al gobierno a implementar una especie de justicia transicional, la Consulta salió adelante. Quizás no se logró el 40% de votación respecto al padrón electoral que se requiere para que la herramienta sea vinculante, pero de los que votaron, un aplastante 97% apostó por el sí. Esto debe interpretarse como una victoria moral para la ciudadanía que asistió a las urnas. 

Desde el punto de vista constitucional, institucional y sobre todo histórico, la consulta fue un muy exitoso trago amargo: por primera vez en la historia de México se realiza un ejercicio de democracia directa y participativa, organizado por y para la ciudadanía a través del órgano constitucional autónomo competente. Queda demostrado que es posible ejercer los derechos ciudadanos más allá del voto que emitimos cada tres años en las elecciones. Tenemos un órgano electoral eficiente, aunque no exento de errores y actitudes fáciles de cuestionar, principalmente gracias a lo imperfecta que resulta la Ley en materia de consultas populares, vicio que corresponde subsanar al Poder Legislativo Federal. Resulta amargo, sin embargo, porque este ejercicio democrático histórico implicaba legitimar los absurdos y los sinsentidos del oficialismo mexicano, especialmente del partido político en el poder. Lo que inició como una búsqueda de esclarecimiento de hechos del pasado y reparación del daño, se transformó rápidamente en una cuasi cacería de brujas y en un espectáculo del poder. Aunque la consulta fue ciudadana, los dirigentes partidistas de morena se apoderaron de facto de los reflectores y se constituyeron en intérpretes de la voluntad popular, olvidando el verdadero fin de la consulta. 

Pero quizás la lectura más interesante es aquella que da el Presidente de la República. Justo ayer lunes, a pregunta expresa sobre qué seguía después de la consulta, Andrés Manuel respondió que, si así lo consideraban y si contaban con las pruebas necesarias, las autoridades pertinentes pueden investigar y en su caso enjuiciar a los ex presidentes. Él ni lo hará ni tiene la intención de que se haga. Escudándose en qué apenas el 7% del electorado participó, AMLO deja en claro lo que todos ya sabíamos: la Consulta resulta totalmente innecesaria para investigar o procesar a “los de antes”. ¿Por qué se realizó la Consulta entonces? Además de por ser uno de esos espectáculos con los que AMLO acostumbra lavarse las manos -el pueblo decidió que no se hiciera nada al no salir a votar-, el ejercicio del domingo le sirvió al gobierno para medir la temperatura con miras a la Consulta de Revocación de Mandato de marzo de 2021. A comparación de los más de treinta millones que llevaron a AMLO a la presidencia en 2018 (no todos estando convencidos), esta Consulta convocó apenas a 6.5 millones de votantes. Se pone interesante el escenario para el siguiente año aunque, por supuesto, sería un grave error para la oposición dar por derrotado al Presidente.