Varias han sido las ocasiones en que, desde el púlpito presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha amenazado con enviar una reforma político-electoral de gran calado al Poder Legislativo. Aunque en la legislatura entrante el mandatario tendrá que cabildear un poco más con los partidos de oposición para lograr algún tipo de modificación al texto Constitucional, es más que seguro que le alcancen los votos para reestructurar a lo que él considera lastres neoliberales que frenan su “cuarta transformación” y que, según él, impiden el cumplimiento de la voluntad popular. Prueba de ello es que aún sin la mayoría necesaria en la legislatura saliente, Morena y sus representantes fueron capaces de realizar varios cambios a la Norma Suprema, gracias incluso a legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. 

Pero ¿qué implicaría una reforma político-electoral? Al parecer, Obrador tiene en la cabeza dos objetivos principales: por un lado, desaparecer a los legisladores plurinominales (esos que durante muchos años fueron los únicos representantes de la “izquierda” en el Congreso) y por el otro, cambiar radicalmente la estructura del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un primer acercamiento, podría parecer que acabar con los plurinominales favorecería a la democracia mexicana, pues eliminaría a aquellos legisladores que no son elegidos directamente por la ciudadanía, sino por los partidos políticos que “mejor perdieron” los comicios. Es innegable que las pluris se han convertido en recompensas o seguros políticos para determinadas figuras partidistas, quienes se mantienen en las esferas del poder gracias a estos escaños. Frecuentemente vemos a ex gobernadores o líderes partidistas que se convierten en representantes (con todo lo que ello implica) sin haber recibido un solo voto directo. Sin embargo, suprimir los escaños plurinominales supondría un retroceso en la diversidad democrática, pues es a través de estos que las minorías electorales pueden participar en la actividad legislativa e impulsar y defender las agendas e intereses de quienes se sienten representados por ellos y depositaron votos en su favor en las elecciones. Quizás valdría más la pena, antes de pensar en medidas populistas pero riesgosas, cambiar la manera en que se designan las pluris y quiénes pueden acceder a ellas, volviéndolas verdaderos espacios ciudadanos. 

En cuanto a reformar al INE y al TEPJF, no hay que decir más que es un tremendo desacierto, sobre todo porque la reforma va encaminada a destituir a los integrantes actuales de dichos órganos y nombrar a otros que, dada la configuración del Congreso, serían propuestos y escogidos por la mayoría oficialista. Es decir, la reforma básicamente buscaría conformar un árbitro a modo y menos incómodo que el actual. Usted dirá si eso no resulta en un contrasentido a la naturaleza de la autonomía que deben tener las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones en México y que evidentemente resultan incómodas (porque así lo demuestra el discurso) para los planes del oficialismo.