Es legítimo, sin duda, el argumento de que las y los niños y adolescentes deben regresar a los salones de clases para el ciclo escolar 2021-2022. De hecho, la mayoría de los países reanudaron las clases presenciales desde hace un tiempo, tomando las medidas sanitarias necesarias para tratar de prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 entre los menores de edad durante las actividades escolares. Medidas como la revisión diaria en busca de síntomas por parte de los padres de familia, el uso permanente de cubrebocas o la toma de temperatura a la entrada de la escuela son fundamentales para disminuir las probabilidades de contagio entre los estudiantes. 

Sin embargo, es un hecho que el sistema educativo mexicano, en sus dos niveles fundamentales (federal y estatal), no está del todo preparado para garantizar un regreso seguro a los menores o a quienes mandan a sus hijos a la escuela. Para tomar clases presenciales de forma segura, los organismos internacionales en materia de salud recomiendan seguir los mismos parámetros que se utilizan para mitigar la propagación del virus en espacios cerrados. Por ejemplo, el aforo debe ser limitado, según las dimensiones del salón de clases. Este deberá permanecer con puertas y ventanas abiertas todo el tiempo para favorecer la ventilación e, idealmente, cada uno de los salones debería contar con un medidor de dióxido de carbono que permita monitorear la calidad del aire, a fin de evitar la concentración del virus en el aula. El autor de estas líneas ve complicado poder país que regresará a clases en un número importante de escuelas sin Internet e incluso sin agua en los baños. Los trapeadores y botes de cloro, aunque dados con buenas intenciones, son muy poco efectivos y no representan una medida importante para prevenir el contagio de Covid-19: está demostrado que la propagación por superficies es mínima, por lo que es el uso correcto de cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados y la sana distancia lo que verdaderamente juega un papel decisivo en el control de la pandemia al interior de las escuelas. Los tapetes clorados o el baño con desinfectante en aerosol, son meros placebos que no sustituyen a la revisión estricta de posibles síntomas por parte de los padres ni eximen a las autoridades de asegurar que las instalaciones educativas estén verdaderamente preparadas para el curso escolar que inicia. 

Lo complejo del problema es que entran en juego dos derechos: a la salud y a la educación. Aunque no debiera elegirse entre uno y otro, las condiciones sanitarias actuales nos obligan a ceder terreno en ambos aspectos. Sin embargo, la cuestión se agrava innecesariamente cuando se vive en donde no se puede garantizar a plenitud ninguno. Si los niños no vuelven a las aulas, es cierto y está comprobado que verán comprometido su aprendizaje, lo que les presentará serios problemas en el futuro. Pero volver en las condiciones actuales, lo que se ve comprometido es el derecho a la salud. Lo anterior, por supuesto, sin contar con los factores externos y que convergen como la calidad del transporte público en el que la mayoría de los estudiantes llega a las escuelas o que los menores estén relegados de la estrategia de vacunación.