La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de pausar el proceso que llevaría a una eventual Revocación de Mandato debe verse desde distintas perspectivas que nos regalan lecturas a las que hay que poner mucha atención, pues estamos probablemente ante el inicio de una serie de intentos de cambios y resistencias en el sistema político y electoral mexicano.

En primer lugar, la decisión del Consejo General del INE es jurídicamente válida, pero políticamente vulnerable y fácil de atacar. Es válida porque el ejercicio revocatorio no ha siquiera cumplido con los requisitos formales para llevarse a cabo y, por tanto, el INE sí puede esperar a que la Suprema Corte decida sobre si se le debe dar presupuesto suficiente al Órgano Electoral a fin de realizar la consulta, o basta con los que tiene y debe realizar el ejercicio revocatorio sea como sea (si se cumplen los requisitos de Ley). Pero también es cierto que el INE, a pesar de ser una de las instituciones en las que, según diversas encuestas, más confía la ciudadanía, es innegable que hay muchas dudas, filas y fobias en torno a su actuar. Para un sector no despreciable de la población, el INE representa todo lo que el Gobierno Federal actualmente dice combatir. Por eso los líderes morales y partidistas de ese sector poblacional aprovechan para criticar y dejar mal parado al árbitro electoral, acusando intereses oscuros y una agenda política contraria al oficialismo federal.

Por otro lado, la maniobra de no dotar al INE de los recursos necesarios para realizar un eventual ejercicio revocatorio parecieran convenientemente planeados a fin de desestabilizar a este Órgano Constitucional Autónomo. Hay un discurso demagógico y falaz que pregona que con recortar los sueldos de los consejeros se pagaría la consulta. Sin ignorar que los salarios de esos funcionarios son efectivamente muy altos, tanto que resultan moralmente cuestionables, lo cierto es que si renunciaran al 100% de su nómina de 2022, apenas reunirían menos del 2% necesario para realizar la consulta, que costaría unos 3,400 millones de pesos. Por tanto, a menos que el Instituto se desmantele, no hay recorte presupuestario que satisfaga las necesidades monetarias del posible ejercicio.

No hay fundamento alguno en promover una revocación, cuando quienes la promueven buscan en realidad una ratificación de la popularidad presidencial. Dicen algunos que como la figura está en la Constitución, hay que usarla. Lo cierto es que también en la Constitución está la figura de la suspensión de Derechos Fundamentales y no por eso vamos a aplicarla para que veamos que en México “sí se respetan los Derechos Humanos”. También en la Constitución está que el sueldo de todo funcionario que gane más que el presidente debe mantenerse hasta que dicho funcionario acabe su encargo, y también dice la Carta Magna que el período presidencial es de seis años, salvo que se revoque por una ciudadanía inconforme. En estos tiempos parece que a varios les da por leer sólo fragmentos de la Constitución, como aquel presidente que dijo una vez que había leído solamente algunos pasajes de la Biblia.

A ver cómo le va al INE y, por consiguiente, a la democracia institucionalizada