El fin de semana pasado cimbró a México en más de una manera. La clase política está inquieta y todos buscan aplicar los planes de contención de daños, unos mejor que otros. En el primer caso tenemos a dos gobiernos estatales que buscan esclarecer los hechos ocurridos en el estadio de fútbol “La Corregidora” y, en el otro extremo y con un asunto no violento, pero de enorme relevancia, el Gobierno Federal busca sortear un escándalo que, sin embargo, no termina de acaparar la opinión pública como debiera: las filtraciones de presuntas llamadas telefónicas del Fiscal General de la República.

El primer tema indigna por su contexto particular, antes que por los actos en sí. En un país sumergido en la violencia desde hace más de una década -habrá quien sostenga que incluso más-, los alevosos ataques de un grupo de fanáticos a otro demostraron que ya ni el deporte (espacio que precisamente debería ser escape de las conductas antisociales) es seguro. Eso sí, antes que los gobiernos locales, quienes también tienen responsabilidad por la reacción que debieron tener sus cuerpos de emergencia, la responsabilidad primaria es de la Liga Mexicana de Fútbol por no poder garantizar la seguridad de las familias a un espectáculo deportivo. Lo del sábado en Querétaro quedará inscrito en la historia como una lamentable muestra más del estado de las cosas en la sociedad mexicana. Sin embargo, aunque es cierto que esto no es algo novedoso en el deporte nacional (específicamente el fútbol), sí resulta penoso el discurso presidencial que afirma que hasta esto es culpa de los regímenes neoliberales del pasado. Antes que razón, es más bien excusa para no aceptar que, a más de la mitad del camino, el Gobierno Federal no ha podido atender las problemáticas sociales que propician estos escenarios.

El segundo gran tema, que por cierto se aprovecha del predominio del primero en los titulares nacionales y en las discusiones públicas, trata sobre la filtración de aparentes llamadas del Fiscal General de la República, Gertz Manero, y otro funcionario público. Y quizás no son tan aparentes, porque de hecho la Fiscalía ya declaró que investigará este delito de intervención telefónica, lo que permite inferir que sí se trata totalmente de una llamada del Fiscal General. El contenido de los audios es preocupante, pues indica una clara influencia e intromisión de la FGR en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, además, involucra a “tres o cuatro” Ministros del Máximo Tribunal, entre los que expresamente señalan al Ministro Presidente. De confirmarse que lo que se dice en las llamadas es cierto, el suceso podría reclamar su lugar entre los escándalos más importantes de corrupción y tráfico de influencias en la historia de México. ¿Lo peor? Mientras afirma que desconoce el contenido de las llamadas, el Presidente de la República justifica al Fiscal diciendo que “es humano” y, dado que tiene interés en el caso, se entiende que tome esas posturas -¿no es humana también la oposición a la que tanto ataca? Es más, hasta afirma que él también ha hablado mal de algunos Ministros, pues no le agradan. Vaya manera.