El Gobierno Federal está en franco incumplimiento de diversos mandatos judiciales aquí en el estado de Yucatán desde hace varias semanas, pues no ha cumplido con las órdenes de vacunar a niños y niñas de entre cinco y once años en contra del Covid-19. En nuestra entidad se han promovido decenas de juicios de amparo en contra de la omisión de la Secretaría de Salud y del Operativo Correcaminos de aplicar la vacuna de Pfizer/BioNTech a los menores, única sustancia autorizada hasta este momento para este rango de edad en el país, y la cual ha demostrado una eficacia elevada en la prevención del coronavirus sintomático en niños y en evitar afecciones graves, como el Síndrome Inflamatorio Multisistémico que puede presentarse especialmente en las infancias.

Ha comentado algunas veces el titular del Poder Ejecutivo Federal que hay algunas pláticas con el gobierno de Cuba para inocular a niños y niñas con la vacuna Abdala, medicamento elaborado por la isla. El problema está en que esa sustancia, que ya casi se asegura llegará a México para ese rango de edad, no cuenta con estudios conocidos que demuestren su seguridad y eficacia. Es decir, no podemos aseverar que la vacuna es efectiva o no, o que es segura o insegura, simplemente porque la Cofepris no cuenta con los estudios y datos necesarios para revisarla, caso contrario de Pfizer, que durante meses estuvo en espera de la autorización por parte de las autoridades mexicanas, quienes -usted recordará- concedieron el uso de emergencia en niños en el más absoluto secreto que fue descubierto casi por casualidad.

Así las cosas y siendo Pfizer/BioNTech la única con aprobación de la Cofepris hasta el momento (no dudamos que Abdala se apruebe “fasttrack”), tanto la Secretaría de Salud como el Operativo Correcaminos tienen desde hace semanas el mandato judicial de vacunar a las y los niños, cosa que evidentemente no han hecho. Alegan una y otra vez falta de vacunas, argumento que es claramente falaz y debería resultar insuficiente para los órganos jurisdiccionales, pues la vacuna adecuada para niños entre 5 y 11 años existe en el mundo, e incluso actualmente se está aplicando en Europa, Estados Unidos, Canadá y gran parte de Centro y Sudamérica. ¿Cómo es posible entonces que se alegue que “no hay” la vacuna, cuando decenas de países la aplican? Sencillo: no es que no haya, sino que en esos otros países sí se garantiza el derecho humano a la salud y se vela por el interés superior de las infancias. La única interpretación que puede dar el suscrito al día de hoy es que las autoridades administrativas tienen nula intención de vacunar a las y los niños, por considerarlo “innecesario”. ¿Qué falta para que se materialice, entonces, lo ordenado a los responsables de la salud en México? ¿Hasta cuándo van a realizar verdaderamente las gestiones pertinentes para abastecerse de vacunas y proteger la salud de los infantes? Esperemos que en las próximas semanas ya haya respuestas más claras y concisas y se saque de la incertidumbre a los padres y madres de familia que, ya que el Gobierno Federal no les deja otra alternativa, recurren al Poder Judicial Federal en busca de la protección de los derechos de sus hijos.