En las últimas semanas inició el proceso de sustitución de varios magistrados del máximo tribunal de justicia del Estado, esto, a raíz de su solicitud de la pensión vitalicia con 15 años en el cargo que a los actuales funcionarios les permite una modificación constitucional aprobada en tiempos priistas. Sin duda un periodo que a todas luces contrasta con el que deben cumplir millones de trabajadores y profesionistas tanto en el sector público como privado, además, de la excelente remuneración que perciben en activo y una vez que ejercen el derecho adquirido.

La desbandada se produce a raíz de una nueva reforma aprobada por el congreso estatal hace varias semanas y que deroga dicho derecho para quienes los van a reemplazar en el cargo. Aquellos beneficios se obtuvieron en el contexto de las reformas generales del Poder Judicial a nivel nacional, en la Suprema Corte, por ejemplo, con los exorbitantes salarios asignados a sus integrantes y que estuvieron acompañados de fuertes críticas de la opinión pública. Sin embargo, tal exceso se justificaría como parte de la solución a la corrupción que ha existido en la administración pública de este país y que también llegó a la esfera de la justicia. Para dichos emolumentos también se ha argumentado la alta responsabilidad en el ejercicio de los hombres y mujeres que forman parte de los máximos tribunales de justicia estatales y federales.

Justamente por todo lo anterior, resulta fundamental tomar el tema y reflexionar sobre el proceso; el punto central es la relación entre poderes presente con la terna que envía por ley el Poder Ejecutivo al legislativo para que éste elija uno, lo que implica una tremenda responsabilidad compartida; en el primero para formar la terna idónea y no sólo que cumpla los requisitos establecidos en la ley y, eso no parece suceder con quienes las conforman, pues la gran mayoría proceden de las instituciones del gobierno municipal y estatal en tareas político-administrativas, sin ninguna experiencia en la esfera estricta de la impartición de justicia, es decir, no hay carrera judicial; y me pregunto, ¿tendrá esto que ver con las licenciaturas en derecho (Marista y Anáhuac-Mayab, en especial) de donde procede el mayor número de los candidatos y los ya elegidos en este momento por la cámara legislativa? Históricamente en Yucatán, el Poder Judicial se ha nutrido de los egresados y egresadas del derecho enseñado en la universidad pública desde el siglo XIX hasta la fecha, pero, eso, parece ahora estar cambiando.

En cuanto al Poder Legislativo, su deber es, como poder autónomo, elegir sin tinte partidista y eso no parece ocurrir en este caso dominado por el PAN, cuyos diputados escudados en sólo el cumplimiento de los requisitos hicieron caso omiso de la oposición para cuando menos cuestionar la primera propuesta que hubiera obligado al Poder Ejecutivo a escoger las siguientes ternas con perfiles más completos y alejarse de prácticas no deseadas en las que incurrió el PRI cuando era Gobierno. La justicia en este país, en este estado, sigue siendo una esfera tan seria y a la vez tan lastimada, por ello, urgen decisiones comprometidas con la ciudadanía y no con el poder.