Desde hace un buen tiempo en diversos medios de comunicación actores de la vida política, económica y social han usado la expresión “dictador” para referirse a Andrés Manuel López Obrador. A raíz del acuerdo presidencial para finalizar obras del Gobierno federal consideradas estratégicas como el “Tren Maya”, el aeropuerto “Felipe Ángeles” o la refinería “Dos Bocas”, en días pasados, las llamadas “redes sociales” estuvieron muy activas, a favor y en contra. Incluso, la politóloga Denise Dresser, señaló que tal acción fue un “golpe de Estado”, lo que puso de nuevo en la opinión pública el tema en cuestión.

Se deben examinar algunas características de una dictadura -que en su versión moderna es contraria a la democracia- para ratificar o desmentir, si quien hoy tiene el encargo de gobernar a México lo hace con la forma de Gobierno señalada. El primer aspecto a considerar es el camino que se elige para llegar al poder, así, el futuro dictador usa la vía de las armas y se dice entonces que se da un “golpe militar” o de “Estado”; ahí están las experiencias en el siglo XX de varios países de la América del sur gobernadas por juntas militares, después de haber suplantado a presidentes democráticos como el chileno Salvador Allende derrocado por Augusto Pinochet. En el México del siglo pasado, el gobierno de Victoriano Huerta, puede asimilarse al caso sudamericano al ocupar la presidencia después de un movimiento militar contra el presidente Madero. En contraparte, AMLO llegó a la presidencia por la vía democrática, es decir, las elecciones, donde 30 millones de mexicanos decidieron que él ocupara el más alto cargo político en este país. Además de que la soberanía del poder legislativo federal actual no corre peligro alguno.

La cancelación de las garantías individuales es otro signo de una dictadura; en ella, por ejemplo, la libertad de expresión está ausente, la opinión pública es la del Estado que controla todos los medios de comunicación, y que obliga a la oposición política e ideológica a la clandestinidad, pues sabe que cualquier opinión contraria al dictador tendrá como respuesta el uso del aparato represivo del Estado para acallarla. En cambio, en el gobierno de AMLO, no hay un solo periodista o medio de comunicación que haya sido perseguido por sus opiniones; los casos de Carlos Loret de Mola y de Víctor Trujillo (“Brozo”), están muy lejos de los ataques a José Gutiérrez Vivó, durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que lo obligaron al exilio, o de la censura a Carmen Aristegui durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y, con todo, esos gobiernos no pueden ser calificados de dictatoriales. El presidente actual ha sido y es criticado, tal cual debe ser en un sistema democrático, incluso ridiculizado, desde la oposición política, la intelectualidad, los comunicadores y la ciudadanía, y nadie ha perdido su trabajo, y mucho menos pisado la cárcel.

De López Obrador se podrán decir muchas cosas, que polariza con sus ideas en blanco o negro, que no ha cumplido en el tema de seguridad y que la corrupción aún no se ha acabado. Pero endilgarle el título de “dictador” solo puede ser por ignorancia, como sucede con varios quienes hoy tienen un cargo de representación popular, o por enojo de quienes a pesar de su profundo conocimiento de la ciencia política se han vuelto reactivos a las acciones del Presidente, perdiendo la dosis de objetividad que se espera de sus análisis sociales.