Los mexicanos, como sociedad, tenemos muchas virtudes que nos distinguen de otras. Por ejemplo somos solidarios con nuestros hermanos en desgracia, somos creativos e incluso aportamos nuestro talento al mundo entero. Junto a estas virtudes también tenemos defectos.

Uno de esos defectos es que no planeamos casi nada. En general nuestra planeación se limita a la cultura del “ahí se va”.

Si algo ha fallado en nuestro país a lo largo de su historia política moderna es la falta de una correcta planeación del desarrollo nacional y local.

No es que uno sea la manzana de la discordia, empero ¿cómo confiar en algo que cada sexenio falla?

La planeación del desarrollo ha sido en nuestro país solo un instrumento burocrático para simular que tenemos un país, o en el caso de Yucatán y de cualquier otra entidad federativa, un destino seguro.

También se trata solo de cumplir con un requisito de forma incluido en la Constitución federal.

Cada seis años se organiza un montaje de participación social para establecer supuestamente una serie de políticas públicas a desarrollar a lo largo de la administración que se inicia.

Hace unos días con “bombo y platillos” se constituyó el Consejo de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado por la actual administración. Vamos a ver mucha camaradería pero pocos resultados al final de la administración. Ojalá esté equivocado.

El gobierno simula que las personas hacen sus aportaciones. En ocasiones ciudadanos bien intencionados las aportan sin trascendencia, se quedan en un cúmulo de buenos propósitos en los diferentes rubros de la vida nacional y local.

Al final del día los encargados de elaborar el Plan de Desarrollo presentan a la opinión pública un documento realizado por alguien a su real saber y entender.

No existe una comisión ad hoc que se encargue de verificar si las aportaciones ciudadanas son realmente las plasmadas en dicho plan.

El plan se constituye en esos términos como un requisito formal contemplado en la Constitución política sin trascendencia y mucho menos capaz de ser evaluado.

Al final del sexenio ¿alguien se acuerda del Plan? Es más, en términos jurídicos dicho Plan es de naturaleza disímbola. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es? ¿Una ley formalmente sin pasar por el Congreso? ¿Un acuerdo del Poder Ejecutivo hecho por personas? ¿Tiene el Ejecutivo obligación de cumplirlo? Y si no lo hace, ¿sería susceptible de juicio político?

Tanto la Constitución política federal como la local han considerado que la planeación del desarrollo debe ser un ejercicio democrático, es decir, surgido de la voluntad popular.

Empero, ¿no es esto demagogia constitucional?

¿Puede la planeación de la polis ser popular?