Desde hace varios años la sociedad civil organizada ha exigido el desarrollo de sistemas que aseguren el acceso a la información, la rendición de cuentas y la transparencia en todos los niveles de la administración pública. Cuando tenemos información que nos permite evaluar el desempeño de nuestras autoridades y, en consecuencia, tomar decisiones, estamos dando pasos para fortalecer nuestra democracia. 

En México se han promulgado leyes para facilitar que los ciudadanos obtengan información sobre los asuntos públicos de su interés, pero es muy común que las solicitudes de información que hacemos a través de los canales oficiales no obtengan respuestas o, en el mejor de los casos, no sean satisfactorias. 

¿Por qué sucede esto? Las leyes que garantizan estos derechos no han hecho obligatoria la creación de sistemas administrativos que garanticen su cumplimiento. Afortunadamente en años recientes fue promulgada la Ley General de Archivos, gracias a ella todas las instituciones gubernamentales deben crear sus sistemas archivísticos como una medida que permita cumplir de manera más eficaz las exigencias que provengan del derecho a la información y la transparencia. 

¿No basta con exigir acceso a la información y transparencia? No, también debemos exigir el cumplimiento de la Ley General de Archivos. Imaginemos que hacemos una solicitud de información a una institución X que no posee un archivo organizado bajo los estándares internacionales que marca la archivística y que no cuenta con archivistas que puedan organizarlo, ¿encontrarán rápidamente los documentos que satisfagan los objetivos de nuestra solicitud de información? ¿la institución podrá rendir cuentas claras y comprobar la gestión de sus recursos? La respuesta es clara, sin archivos y archivistas no hay transparencia real. 

Podemos seguir preguntándonos, ¿para qué necesitamos archivos en la administración pública? Recordemos que el derecho a la información y la transparencia no son lo mismo, el primero es el derecho que tenemos los ciudadanos de saber qué información es la que posee el Estado en sus instituciones, la segunda se refiere al derecho de saber cómo se gestionan y organizan los recursos/procesos que controla el Estado. ¿Dónde están las evidencias de la información que posee el Estado y la gestión de sus recursos? En los documentos que el propio Estado crea, es decir, lo que se encuentra en los archivos públicos es la evidencia que permite al ciudadano saber qué posee el Estado y cómo lo administra. En resumen Ley General de Archivos es uno de los eslabones más importantes para el fortalecimiento de la democracia. 

Si queremos más rendición de cuentas y más democracia defendamos el cumplimiento de la Ley General de Archivos, defendamos a nuestros Centros de Información y valoremos el trabajo de los profesionales de la información: archivistas, bibliotecólogos y documentalistas.