En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, tema del que escribí el lunes pasado, aquel organismo también señaló posibles responsabilidades de las autoridades estatales, federales y municipales “que habrían sido omisas para actuar como correspondía a su deber cuando conocieron los hechos y pudieron evitarlos”.

Al presentar la recomendación 15VG/2018 en noviembre pasado, este organismo también señaló posibles omisiones de la autoridad investigadora, la entonces PGR, sobre la negativa de que hubiera material genético para hacer pruebas de ADN y para dar a conocer si los restos hallados en el basurero de Cocula realmente pertenecían a los desaparecidos.

La CNDH cuestionó asimismo la actuación de la PGR al haber dado a conocer públicamente su teoría del caso, la tan mencionada “verdad procesal”, sin que se tomaran en cuenta las dudas planteadas por las víctimas indirectas u otras posibles líneas de investigación, con lo que se estarían configurado violaciones a derechos humanos en general y en particular a derechos de las víctimas.

Es decir, en este caso, se puso una vez más en evidencia la labor de investigación ministerial, pero también lo urgente que resulta que éstas, como otras víctimas, tuvieran un asesoramiento oportuno y una presencia activa desde que un caso es investigado.

Este informe resulta de particular importancia ahora que se plantea que el caso será resuelto. De manera que la CNDH y las víctimas indirectas serán piezas clave en lo que debería ser una nueva investigación sobre el asunto, dado que, a decir del propio documento del organismo de derechos humanos, la indagatoria de la extinta PGR en relación con lo ocurrido “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

No hay que olvidar tampoco que, ante la resolución del Poder Judicial Federal, las autoridades del gobierno mexicano, en ese entonces, manifestaron “imposibilidad jurídica para poder cumplir con la resolución” que ordenaba la creación de una Comisión de la Verdad. Sin embargo, la SCJN no vio motivo que imposibilitara el cumplimiento y así lo hizo saber la Corte en un comunicado emitido en octubre de 2018.

Finalmente, en todo este entramado, están las supuestas torturas a las personas detenidas, las cuales también deberán dilucidarse, y una serie de evidencias que podrían existir pero no fueron presentadas por la autoridad ministerial.

La CNDH menciona cinco “propuestas” sobre evidencias, entre ellas chats de una policía comunitaria que pudo haber intervenido para interceptar los camiones, entre otras.

Mucho hay pues que reconstruir si en verdad se quiere llegar, con base en el proceso penal vigente, al esclarecimiento de estos hechos que tanto han lastimado al país.