Con la perspectiva real de creación de una Guardia Nacional, si bien la iniciativa aprobada en el Senado todavía debe pasar a la Cámara de Diputados y turnarse a las legislaturas estatales, quedan en el aire una serie de cuestionamientos, entre ellos la forma en que, en el “campo de batalla”, operará este organismo, corporación o grupo de élite que busca, por un lado, atender la urgencia nacional de seguridad y, aparentemente, ser un mecanismo de transición hasta lograr un sistema de seguridad pública ordinario, es decir, en el que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, ejerzan las funciones que les corresponden.

Pasa como con los toros, si se les mira desde la barrera, la perspectiva es muy diferente que cuando se está en el ruedo.
Por ejemplo, surge la duda de si el mando “civil” de que se habla sería realmente a quien sus integrantes reportarían en el “campo de batalla”, ya que se estaría ante un grupo muy variado de integrantes, incluyendo miembros del Ejército y la Marina y nuevo personal que sería convocado… por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Igualmente está en el aire la manera cómo será la coordinación de la Guardia Nacional en los diferentes territorios estatales, en los cuales seguirán prevaleciendo las corporaciones policiacas de toda la vida.

El otro punto importante es sobre qué plan y con quiénes (¿ayuntamientos?, ¿gobiernos estatales? ¿Quién dijo esta boca es mía?) se trabajará para la compleja transformación que requieren algunas policías estatales para que en verdad prevalezca un Estado de Derecho, ya que una detención legal, en la mayoría de los casos, determina si un proceso penal es viable y eficaz. Esto a pesar de que, en caso de detenciones que no se ratifican como legales, el proceso se puede iniciar de nuevo.

Hoy día los diagnósticos del nivel profesional de policías estatales son preocupantes, pero con gobiernos locales limitados en recursos y ayuntamientos en la bancarrota, puede preverse que la Guardia Nacional tendría una centralización de poder inusitada. Muchos cuestionamientos siguen en el aire.

Se ha dicho, entre muchas otras cosas, que las fuerzas armadas participarán en tareas de seguridad “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Pero no se sabe quién fiscalizará esas acciones, en un contexto en el que no pueden minimizarse los actos violatorios de derechos humanos por parte de miembros del Ejército, en muchos casos en operaciones en lugares remotos, situaciones en las cuales las condiciones de indefensión de ciudadanos han facilitado este tipo de abusos de poder.

Finalmente están las tareas de investigación inicial en casos que eventualmente deban ser procesados y castigados ante la autoridad judicial. Si la Guardia Nacional se plantea como un organismo que coadyuve a la investigación ministerial, será de extrema relevancia la coordinación que tenga con la Fiscalía General federal, pero también con las de los estados.