Lo más horrible de un sistema de seguridad pública y procuración de justicia mostró el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado abatidos en 2010 en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey y a quienes las autoridades insistieron en hacer pasar por sicarios, negando a sus familiares el acceso a archivos y evidencias (y probablemente destruyendo algunas de ellas) que demostraban las falsas imputaciones de que fueron objeto.

El caso también ayuda a comprender por qué son tan relevantes los principios del sistema penal acusatorio al que tanto se critica. La presunción de inocencia y el debido proceso así como el respeto a los derechos de las personas detenidas son fundamentales para un Estado de Derecho, tanto como lo son la participación y la garantía de acceso a la justicia y la asesoría jurídica para las víctimas.

La historia es ahora conocida en gran parte por acciones de familiares, amigos, la sociedad civil organizada y la CNDH y también por la repercusión del documental “Hasta los dientes” de Alberto Arnaut que hizo visible a un gran público la historia de su “ejecución a sangre fría” en la escuela donde estudiaban con becas de excelencia, bajo el argumento oficial de la Sedena de que eran sicarios.

Las autoridades sostuvieron esta hipótesis a pesar de que padres, familiares y amigos los habían identificado y se conocía su trayectoria como estudiantes ejemplares y de que un video mostraba evidencia de su estancia en el Tec. Aún después de los hechos y ante la evidencia en contra de su versión, las autoridades negaron los expedientes a los familiares y a la propia CNDH e insistieron en su dicho.

Desde 2010 la CNDH había plasmado en una recomendación que al investigar los hechos “encontró obstáculos y falta de colaboración por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia Militar, que impidieron total o parcialmente el acceso a las actuaciones de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los hechos”. También apuntó que se habían configurado “violaciones a los Derechos Humanos, a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la información, al acceso a la justicia y al honor por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública”, entre otros. Pero no pasó nada.

Esa recomendación consignó que, luego de golpearlos y acribillarlos “a corta distancia”, a los jóvenes les habrían sustraído pertenencias y en sus cuerpos colocaron armas de fuego. Igualmente se consignó que los militares destruyeron una cámara de seguridad del plantel escolar. Los padres denunciaron que, a pesar de su insistencia, las autoridades no dieron noticias de avances de la investigación y hasta 2016 el caso “sigilosamente” se consignó.

Las disculpas son solo una parte de la deuda que el Estado Mexicano tiene con Jorge y Javier. Aún faltan los procesos correspondientes y sus consecuencias para que los hechos no queden impunes, después de casi una década.