Se adjudica este concepto a Sir Anthony Bottoms, un profesor emérito de Cambridge que se ha dedicado a estudiar el control social, la criminalidad, así como los factores relacionados con la reincidencia y el encarcelamiento.

En términos generales, el populismo punitivo se considera aquel discurso y acciones que utilizan la posibilidad de castigos y penas más severas en la ley con fines electorales o políticos, tratando de obtener simpatía del electorado o los ciudadanos.
El populismo punitivo fue utilizado en occidente, a partir del siglo pasado, como una respuesta a las presiones que se planteaban en la opinión pública, pero sin que tuviera un fondo científico acerca de las causas estructurales de los delitos.

Especialistas que han seguido este fenómeno que ocurre en todo el mundo explican que este discurso político o electoral encuentra tierra fértil en los medios que siembran ideas parciales de lo que realmente origina las altas tasas de delincuencia y que no tiene relación directa con medidas punitivas más fuertes, como ya ha sido comprobado ampliamente. Incluso la pena de muerte no ha demostrado su relación con la baja de los delitos como en Estados Unidos.

El fenómeno del populismo punitivo puede tener consecuencias tales como el endurecimiento de las penas y el encarcelamiento en masa, ya que los políticos en campaña, legisladores o gobernantes “arrebatan” a los especialistas o juristas este tema que es tan sensible para la población y generan ideas o “soluciones” que no tienen ninguna base real para ser postuladas. Algunos incluso llegan a proponer estas ideas para hacer cambios en la ley o plantear iniciativas legales que son presentadas como una “respuesta” a las “preocupaciones ciudadanas”.

Mucho de esto conocimos en México en el pasado, pero es más preocupante que lo sigamos viendo ahora, cuando se ha desatado una ola por aumentar penas y generar retrocesos en la reforma penal, como lo ha sido elevar el número de delitos con prisión preventiva oficiosa bajo la idea de que con ello los procesos serán mejores o la justicia más justa.

Ejemplos de lo contrario, es decir, de personas que acuden a sus procesos judiciales sin necesidad de prisión preventiva oficiosa abundan, aunque no los conozcamos con tanta espectacularidad como cuando sabemos de quienes evaden la justicia. De hecho, en nuestro estado, una abrumadora mayoría de las persona que pasan sus juicios en libertad, con otras medidas cautelares, terminan el proceso y acuden a las audiencias que desahogan los casos.

Por el contrario, un claro ejemplo de que las penas más altas y el endurecimiento del sistema no funcionan, per se, es el del Estado de México, en donde, desde 2011, se aumentó la pena máxima por feminicidio hasta 70 años y luego hasta la posibilidad de prisión vitalicia.

De manera que lo que es popular y cuenta con el respaldo del “pueblo” no es siempre, ni es por sí mismo, la solución a problemas que son más complejos y requieren análisis especializados, medidas conexas y políticas públicas que están más allá del proceso penal.