Las variables que inciden en una posible recomposición de la seguridad en nuestro país son numerosas y deberían funcionar con una eficacia pareja para que dieran resultados, cosa de enorme complejidad. Además, incluyen necesariamente cambios de la sociedad porque hay obligaciones que corresponden al gobierno, pero otras son de la ciudadanía.

Pienso, por ejemplo, en las ideas y hábitos prevalecientes que permiten que los abusos a menores o la violencia hacia las mujeres sena infligidos, mayormente, por personas conocidas o familiares.

Por eso es que aumentar las penas a los feminicidios y a aquellos delitos que están lastimando a la sociedad no tiene efectividad directa en la reducción de esos ilícitos. Si bien un efectivo sistema de investigación de los delitos y de juzgamiento permite hacer justicia, la prevención no corresponde directamente a éstos.

La reducción de los delitos solo puede hacerse a través de la prevención y del trabajo eficaz de quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de bienes y personas de los ciudadanos. Es decir, las secretarías de seguridad pública estatales y federal, Guardia Nacional, policías estatales y federal, entre otras.

Son estas instituciones las que definen estrategias de prevención y están obligadas a realizar acciones encaminadas a la protección de los ciudadanos, tanto en los estados como a nivel federal y municipal. Para eso el gobierno dispone de numerosas instituciones, dinero y personas.

En la cúspide de esta estructura compleja, enorme, transversal, interinstitucional está el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que encabeza el presidente y en el que participan gobernadores y el fiscal general, así como los secretarios de la Defensa, Gobernación y Marina.

Además, recién iniciado, el gobierno federal creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que tiene al menos 25 facultades de enorme relevancia para la seguridad del país. Muy poco, sin embargo, sabemos del avance y de la efectividad de éstas y menos sabemos cómo se deciden tales acciones, por ejemplo: si se trabaja sobre un mapa delictivo o sobre el entorno y las características de los feminicidios u homicidios, si se analizan factores de riesgo o si se está integrando a la comunidad para contribuir a reducir el riesgo en la comisión de delitos.

“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos”, reza la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal publicada en mayo de 2019.

Y añade: “Enfrentaremos el reto de la inseguridad coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. Sin repartir culpas ni eludir responsabilidades, sumaremos a las y los gobernadores de los estados y a las y los presidentes municipales en un trabajo conjunto, coordinado”.