La “Guía contra la corrupción en ministerios públicos, 2019”, de la asociación Tojil e Impunidad Cero, es un documento amigable y bastante útil para empoderar a quienes, como la mayoría de los ciudadanos, no conocen el lenguaje y términos jurídicos o procesales que son en sí mismos complejos.

Se abordan ahí diversos temas de interés para incrementar nuestra cultura jurídica, cuestión que por cierto debería formar parte de nuestra preparación académica básica. Pero, lo que es mejor, se plantean dudas y respuestas en torno a los derechos, decisiones y facultades que tienen las diversas autoridades, tanto del Ejecutivo como es el Ministerio Público, la defensoría pública y los asesores victimales como también lo concerniente a las facultades, decisiones y actuaciones de los jueces.

En el actual proceso penal suele enfocarse la atención de las organizaciones civiles, de los ciudadanos y de los medios en la actuación de los jueces, lo que resulta lógico porque son ellos quienes tienen la compleja tarea de resolver, públicamente, sobre vincular o no a una persona a un proceso penal (es decir, definir si se le sigue el proceso o no), imponer determinadas medidas cautelares, entre otras y, ya en un juicio oral, la responsabilidad o no de un acusado.

De manera que puede ser que se dejen de lado otras cuestiones de gran relevancia en los procesos penales y que son mencionadas en esta Guía que puede consultarse en internet de manera libre. Por ejemplo, el derecho a la defensa adecuada de toda persona imputada de un delito, para lo cual “los defensores tienen que estar presentes durante el proceso y aclarar todas las dudas que surjan durante el mismo”.

El documento, sin embargo, apunta que “en la operación cotidiana, es común que el defensor designado no cuente con los conocimientos, el interés o las habilidades necesarias para llevar a cabo su función”, lo que implicaría una desventaja crucial para el imputado, puesto que el juez decidirá, precisamente, del convencimiento que adquiera al escuchar a las partes, es decir, al imputado, a la víctima y a los fiscales. El documento recuerda que por ello, en caso de que una persona no tenga una defensa adecuada, “puede iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del defensor designado por el Estado”.

En contraparte, también se refiere al derecho de la o las víctimas u ofendidos de un delito para contar con un asesor jurídico “que los asista de manera gratuita durante todo el proceso penal”. Esto significa no solo un acompañamiento, sino una verdadera asesoría que permita a las víctimas un total entendimiento de las situaciones que implican el proceso penal.

“No obstante”, señala la Guía, “el sistema de justicia penal no cuenta con una eficiente asesoría jurídica de víctimas, lo cual propicia la violación de derechos fundamentales. Y recuerda que “si el Estado no garantiza este derecho, se pueden realizar acciones legales para aplicar sanciones administrativas en caso de omisiones y/o irregularidades por parte del asesor jurídico”.