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El abuso policial es un peligro latente para todas las sociedades. El poder que se otorga a estas corporaciones puede convertirse en un cheque en blanco para disponer de las vidas de las personas, sin ningún otro límite que el de la propia decisión personal de un uniformado para decidir entre someter a un posible infractor de la ley con respeto a sus derechos o abusar del poder que le otorga una insignia y disponer de su vida.

Pese a los compromisos y avances en respeto a los derechos humanos de todos y todas a nivel de convenciones internacionales y leyes locales, el abuso del poder policial sigue siento una constante tanto en países occidentales, “democráticos”, como con gobiernos autoritarios. Es posible que algo de esta dinámica tenga la muerte de George Floyd a manos de un policía con un historial de abusos. Las versiones periodísticas apuntan a un cuerpo policial en el que estas actuaciones han sido una constante, con muy pocas consecuencias para quienes victimizan a los ciudadanos, más aún en contextos de racismo y clasismo o bien, como ocurre en otros países, de cooptación de estos cuerpos por grupos del crimen organizado.

Sobre por qué los policías son protegidos o sus acciones violentas no tienen una consecuencia pueden tejerse varias teorías: quizás puede deberse a que, en realidad, son concebidos como cuerpos de protección del propio gobierno y no de los ciudadanos, es decir, están pensados para preservar “el orden” a toda costa, con integrantes formados en la vieja escuela y no en la actual, en la que es imperativo mantener el orden respetando los derechos humanos y parar los abusos y arbitrariedades.

Otra hipótesis es que hay pocas o nulas consecuencias para los policías que abusan de su poder; tiene que ver con que los propios gobiernos son reacios a iniciar procesos en su contra, porque esto le restaría autoridad a estas corporaciones frente a los ciudadanos. Es decir, se preferiría pasar por alto los abusos, de la magnitud que sean, para evitar restarle autoridad a los cuerpos policiacos.

Hay casos en los que no es la ley y el orden y la protección de la sociedad la mentalidad que crea o está incrustada en las corporaciones policiales y los gobiernos, sino el control y el orden a toda costa.

La realidad, como ya vimos en el caso de Floyd, es que las sociedades ya no están dispuestas a tolerar actuaciones arbitrarias y abusivas de las autoridades y que tienen en sus manos el poder de la evidencia cuando publican los hechos que hemos visto en videos de los ciudadanos con respecto a la muerte de Floyd, pero también de la respuesta violenta de las corporaciones ante la protesta social que se ha desbordado en acciones igualmente violentas.

Es un hecho que los gobiernos y los cuerpos policiacos se encuentran hoy ante ciudadanas y ciudadanos con más conocimiento de sus derechos y más proclives a protestar y retar a la autoridad. Es un panorama para el que es necesario que las corporaciones y sus agentes se adapten: proteger a las sociedades y a la vez mantener el orden sin abuso de poder.