En el marco de la pandemia, hay una parte de la humanidad que está siendo víctima de sí misma, de condiciones de vida, nivel educativo y económico, de la desatención afectiva, del entorno social y cultural y de otras condiciones que pueden conducir a las personas a cometer delitos en el propio entorno familiar, con una mayor afectación de las niñas, niños, mujeres y personas mayores, es decir, los más vulnerables.

“El encierro por varias semanas en decenas de países del mundo ha exacerbado las tensiones dentro de las familias, particularmente en medios socioeconómicos de bajos recursos, caracterizados por domicilios más pequeños y situaciones adicionales de estrés por la pérdida de ingresos o empleos o el temor a perderlos”, ha señalado la ONU.

La precariedad, el hacinamiento, las tensiones que producen el miedo al futuro y el estatus, por tradición, de los miembros de la familia (el hombre como patriarca), podrían generar, en el encierro, situaciones de violencia psicológica, emocional y física para todos aquellos que están bajo el yugo del patriarca, lo que convertiría un entorno, que debería ser el más seguro y afectivo, en un verdadero escenario de sufrimiento y campo de delitos que ya están previstos en los artículos del 228 al 230 del Código Penal y en ocasiones incluso otros como el feminicidio o el homicidio en razón de relación también previstos en la ley.

Por otro lado, los tipos de familia (las reconstituidas son cada vez más) pueden crear ambientes diferentes, algunos más propicios para la violencia.

La tendencia de los delitos de violencia familiar se mantiene de forma constante al alza, en 2015 totalizaron 126,816 a nivel nacional (fuero común) y en 2019 sumaron 204,128, al menos los reportados por las fiscalías o procuradurías estatales. Si bien los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no los desagregan por sexo, es conocido que este delito afecta mayormente a las mujeres.

Por eso es fundamental que, en estos momentos, las vías de denuncia sean accesibles a las mujeres, niñas y niños, desde el entorno familiar en el que probablemente estén sometidos y que conozcan mecanismos de acción para acceder a medios de ayuda. Es decir, políticas públicas que realmente permitan prevenir males mayores.

“No puede pasarse por alto el riesgo de violencia que las mujeres y sus hijos e hijas afrontan durante la crisis actual debida a la pandemia de Covid-19”, alerta la Organización Panamericana de la Salud.

Por eso es crítico, urgente que el Estado reconozca y visibilice este peligro y no sólo conmine al encierro, sino facilite las vías de auxilio.

“Los gobiernos y los encargados de las políticas deben incluir en los planes de preparación y respuesta a la pandemia de Covid-19 servicios esenciales para abordar la violencia contra la mujer, financiarlos y determinar maneras de hacerlos accesibles en el contexto de las medidas de distanciamiento físico”, apunta la OPS. De otro modo, será imposible detener esta otra pandemia.