¿Qué factores propician o dificultan la operación del sistema (de justicia penal)? ¿Cuáles son las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia? ¿Con qué indicadores medimos la operación del sistema? Estas son las preguntas que busca responder el informe “Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, realizado, en su séptima edición, por México Evalúa, organismo que ha desarrollado una de las pocas, sino la única metodología para conocer el estatus del sistema penal vigente en nuestro país.

El organismo, auspiciado por donantes internacionales y que se define como un “centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados”, consideró aspectos fundamentales para poder responder a semejantes cuestionamientos, en las 32 entidades.

Se trata pues de un análisis amplio, que no se limita al radio de acción de las instituciones, sino a otros factores que las impactan en su labor y eficacia.

Por eso es que vale la pena no sólo enfocarse en los resultados, que, en términos generales, aún quedan a deber con respecto al abatimiento de la impunidad, sino también en las condicionantes que explican por qué el sistema penal sigue presentando desafíos que no han sido superados. Las condicionantes consideradas en el reporte de México Evalúa son: la coordinación con la federación, específicamente la Segob (de donde se obtiene un índice de coordinación por cada estado); el presupuesto y la transparencia.

Derivado de ello, considera dos “habilitantes”: marco legal y suficiencia de personal y finalmente presenta sus resultados expresados en: carga de trabajo en cuanto a la protección de los derechos humanos (DDHH), tasa de congestión ministerial y un índice de impunidad. Con base en todo ello se expresa también un “Ranking de consolidación” del sistema penal por estado. Como ha sido publicado, el índice de impunidad en este estudio arrojó como los cinco mejor evaluados a Baja California, Guanajuato, Yucatán, Querétaro y Michoacán y como los peor evaluados a Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí, Ciudad de México y Chihuahua.

México Evalúa agregó, en esta edición, un factor adicional al informe, basado en la observación de audiencias y de sentencias y resoluciones judiciales, con el fin, según señalaron en el propio reporte, de conocer “¿qué tan eficiente y efectivo es el funcionamiento de la justicia en el nivel más aterrizado, el que en verdad cuenta: la interacción cotidiana entre usuarios del sistema -cualquier ciudadana o ciudadano- y sus operadores?”.

Hay que seguir desmenuzando el reporte no sólo porque aporta elementos valiosos para estudiar en una forma crítica pero constructiva los avatares del actual sistema penal, nacido de la posibilidad de un esfuerzo del Estado para evolucionar hacia una procuración e impartición de justicia acorde a las aspiraciones sociales más elevadas en relación con el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sino porque, según plantea México Evalúa, “estamos ante una contrarreforma penal”.