El reporte “Hallazgos 2019: seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México” es un importante esfuerzo que realiza la organización México Evalúa para examinar algunas cuestiones que condicionan el avance y consolidación del actual sistema penal, el cual, estima el propio organismo, se encuentra “a las puertas de una contrarreforma”.

¿Qué factores propician o dificultan la operación del sistema (de justicia penal)? ¿Cuáles son las capacidades institucionales para garantizar el acceso a la justicia? ¿Con qué indicadores medimos la operación del sistema? Son algunas de las preguntas que busca responder el ambicioso informe que llena un vacío en este aspecto en nuestro país.

Se hace obligado revisar el reporte de forma detallada para conocer una visión académica constructiva sobre los avances del actual sistema penal que terminó de implantarse en 2016.

Uno de los diversos aspectos que resalta en este trabajo es el relativo al presupuesto con que cuentan las entidades para hacer frente a esta demanda social de una mejor seguridad, procuración e impartición de justicia.

En su análisis, México Evalúa sostiene la premisa de que la cantidad de delitos y victimización de la población debería ser el dato indispensable para asignar presupuesto porque se basaría en la carga de trabajo de cada institución. “Sólo cuando el presupuesto de una entidad sea proporcional a la carga de trabajo de sus instituciones se podrá tener la capacidad suficiente para no dejar margen a la impunidad o la desatención, en el entendido de un uso racional y óptimo de los recursos”, plantea.

Pero los datos que arroja el análisis pueden ser preocupantes, ya que sólo en el caso del presupuesto que se asigna a las secretarías de seguridad pública estatales en un 40% de los estados pareció estar relacionado con las cargas de trabajo, pero no ocurre así con el presupuesto asignado a fiscalías, defensorías y poderes judiciales estatales.

El caso de las fiscalías estatales incluso presenta una tendencia inversa: a mayor incidencia delictiva se asigna menor presupuesto. Y el de las defensorías es igual, ya que se observó una tendencia a la asignación de un presupuesto menor que la proporción de la carga de trabajo. Lo mismo pasa en los poderes judiciales estatales.

Hallazgos 2019 observó que “en promedio, las secretarías de seguridad pública reciben mayores recursos presupuestales que las fiscalías generales y, a su vez, éstas mayores que las defensorías”; siendo las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas las que reciben, en promedio, menos recursos.

Además de todo esto, se observó que el presupuesto asignado en 2019 a todos los estados para seguridad y justicia fue 15% menor que el de 2018.