Hay una decisión polémica de la autoridad y con cuya aplicación nunca estuve de acuerdo por muchas y muy diversas razones: la llamada “ley seca” que ordenó el gobierno del Estado para todo Yucatán en abril y que ya lleva dos meses en los que supuestamente ha alcanzado su objetivo de contener la violencia familiar (lo cual sospecho que no es del todo cierto).

Cuando he planteado mis opiniones en las redes sociales las reacciones han sido por lo general de personas que, entre otras cosas (sin conocerme, desde luego), afirman que seguramente me afecta porque soy de los adictos al alcohol (borrachos sin remedio) y no puedo vivir sin beber. Aderezado, como suele suceder en esos medios digitales que permiten la impunidad que da el anonimato, con ofensas y ataques personales.

Por eso no había querido abordar en este espacio el asunto, hasta ahora que me entero –mediante rumores no confirmados (una supuesta entrevista de Carlos Loret de Mola al gobernador Mauricio Vila)- de que el 1 de junio se levantaría esa prohibición mediante el reparto a domicilio de bebidas embriagantes (supongo que cerveza, vinos y licores), lo cual, de ser cierto, me parece una inteligente medida.

Ya había manifestado en pláticas con amigos y familiares que estaba a punto del terror ante el anuncio inevitable (que ya se había postergado dos veces) de la reanudación del comercio con bebidas embriagantes. En mis adentros me imaginaba las escenas de espanto: largas, tumultuosas filas de sedientos, arrebatados bebedores (de cerveza sobre todo, rubro en el que los yucatecos somos campeones nacionales) frente a los expendios, sin sana distancia ni medidas que valgan después de la obligada abstinencia (para los que no hallaron clandestinos). Y luego, más muertos por el Covid-19.

Ese sería uno de los inconvenientes –el más grave- de la prohibición. Otro es que, como se esperaba (la experiencia nos lo recordó), en estas semanas de prohibición, aparecieron por todos lados los expendios clandestinos y los traficantes (de los cuales apenas algunos fueron detectados y detenidos) y la concomitante corrupción y el contubernio de policías que para hacerse de la vista gorda recibían una “gratificación”.

También está el trágico rosario de muertes a causa de la ingesta de alcohol industrial (no sólo en bebidas adulteradas por comerciantes sin entrañas sino hasta en gel antibacteriano) por adictos a la bebida, de los cuales hasta ahora suman 20 fallecidos, según lo que oficialmente se sabe. Cuando se prohíbe alguna droga, el enfermo busca la forma de obtenerla. Eso está más que visto y la historia nos lo recuerda.

Finalmente, está el daño económico que se causa a miles de familias que dependen de la fabricación y el comercio de bebidas alcohólicas y que, de encima, no tienen medios para pagar impuestos (con daño al erario).

Por todo ello, celebro la decisión (en caso de ser cierta) del gobierno estatal que autorizaría la venta mediante servicio a domicilio. Ya es hora de “tomar dos como la gente” a la “hora cristal”.