La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuya vigencia se inició el pasado 21 de este ya agonizante mes de enero, es, a mi juicio, un buen intento de la autoridad federal para comenzar un cambio en la conciencia de la sociedad, para actuar con respeto a la normatividad y, lo más importante, con respeto a la dignidad del ser humano; el respeto de la persona hacia la propia persona.

En el Artículo 1 de la mencionada Ley se indica que su objetivo es: “Establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar, de acuerdo con sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales”.

El respeto a la palabra, ni más ni menos, que así eliminaría la constante vigilancia por parte del Estado, visitas de inspectores, etc. En el Artículo 3, inciso I se señala como sujetos a esta Ley a: Persona beneficiaria: Persona(s) física(s) o moral(es) que realice(n) actividades económicas, que cumplan con sus obligaciones regulatorias y fiscales.

Como toda ley, el incumplimiento de quienes estén sujetos a la misma amerita una sanción, pero el espíritu legislativo es retornar a la confianza en las y los ciudadanos y no establecer castigos para aumentar las arcas del Estado. En Derecho Comparado podríamos relacionarlo con el país que toma declaraciones juradas sobre una biblia, para decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Ese país castiga severamente el perjurio.

México está en la encrucijada de avanzar por la senda del respeto a los derechos humanos o seguir en el camino del miedo y la desconfianza y retroceder a pasos agigantados en lo que hemos avanzado para ser una sociedad respetuosa de las prerrogativas del otro o la otra persona, concepto de la otredad.

Por ninguna razón debemos regresar a la barbarie de: tu vida o la mía. Aunque sea para defender un legítimo derecho. Sobre todo cuando en la desesperación por la defensa de la comunidad les dan armas a niños de entre 6 y 15 años de edad para defender la paz de su comunidad, como ha sucedido en Chilapa, Guerrero, en donde han sido asesinados integrantes de los pueblos originarios.

Creo que quienes estamos por el imperio de la legalidad y confiamos en la proclividad del ser humano hacia el bien antes que hacia el mal celebramos que se haga una ley que tenga puesta la esperanza en la dignidad de la o el ciudadano para dirimir cuestiones torales en nuestro diario devenir.

Rotundo no a la barbarie de hacer justicia por mano propia.