La pandemia que afecta a todos los pueblos del orbe ha dejado muchos daños colaterales en el mundo entero: en la economía, en las interrelaciones entre las naciones y sus sociedades y en la manera de hacerle frente a este flagelo que lleva el signo ominoso del costo en vidas.

Los derechos humanos también se han visto afectados por la nociva influencia del Covid-19 en todos los campos que tutelan las prerrogativas fundamentales.

En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán hemos sentido el peso de las demandas ciudadanas, las que hemos atendido, con el apoyo y la entrega de nuestros trabajadores, pese a las limitaciones que nos ha impuesto la protección a nuestro personal, que desde el mes de marzo labora de acuerdo con los criterios generales que emitimos para la organización y funcionamiento de la Codhey.

Desde el periodo mencionado y hasta estos días hemos cumplido con las medidas sanitarias dictadas por las autoridades competentes, sin dejar de atender las necesidades de promoción y defensa de los derechos humanos. Estamos laborando a puertas cerradas, sin dejar de atender los requerimientos de la ciudadanía en cuanto a sus prerrogativas fundamentales. Asimismo se han establecido guardias para seguir prestando nuestros servicios a la sociedad, congruentes con la reapertura gradual y cuidadosa.

Al hacer un recuento de lo realizado en el primer semestre del año, recibimos 1,546 solicitudes de atención y consecuentemente emitimos 143 medidas cautelares, la mayoría de ellas relacionadas con acciones realizadas por las autoridades durante este tiempo de la pandemia.

De las 1,546 solicitudes de atención, 731 corresponden a orientaciones por asuntos laborales o de carácter financiero o de salud relacionadas con instancias federales, canalizadas a las autoridades competentes. Tenemos 640 gestiones en trámite para ser enviadas a nuestro departamento de quejas.

Las autoridades más señaladas son la Secretaría de Seguridad Pública con 60; policía de Kanasín, 34; Segey, 18; Comuna de Celestún, 8, al igual que la Fiscalía General del Estado; Panabá y Valladolid y policía de Dzidzantún, Prodemefa y Secretaría de la Salud, con 4 cada una.

Emitimos 143 medidas cautelares, la mayoría enfocadas a garantizar el libre tránsito y residencia, por acciones de las autoridades, durante la contingencia.

Asimismo se interpusieron 10 denuncias ante el Ministerio Público, por la presunción de la comisión de un delito, además de la posible violación a los derechos humanos.

Autoridades y ciudadanía debemos redoblar esfuerzos para evitar la vulneración de las prerrogativas fundamentales.