Ninguna persona puede ser agraviada, por cualquier medio por defender sus derechos humanos o por externar su pensamiento, siempre que éste no ofenda a terceros, en la defensa de sus prerrogativas fundamentales o la de otras personas.

Esas actitudes podrían agravarse si esas agresiones provienen de algún ente público, cuya esencia de sus funciones es el respeto absoluto a las leyes.

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh), de la cual forma parte la Codhey, expresó su preocupación ante los hechos sucedidos el pasado día dos, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (Cdhec), donde se recibieron mensajes amenazantes.

La Fmopdh en pleno respalda y reconoce la labor de Roberto Ramírez, presidente de esa Comisión, y de todo el personal que labora en dicha institución. También se pronunciópara que las autoridades competentes realicen una investigación inmediata y acciones tendientes a garantizar la seguridad del personal e instalaciones de la Cdhec. Ante la violencia existente en la entidad, amenazar a las personas defensoras de derechos humanos es poner en riesgo la vida democrática y deja en la indefensión a las víctimas.

El Estado Mexicano ha promulgado leyes que amparan y garantizan nuestras prerrogativas fundamentales. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la primera que da cimiento a nuestra vida democrática, derivando de ésta muchas normas que arreglan, ajustan las diferencias que puedan surgir en todos los terrenos de nuestra vida, en el seno de una sociedad respetuosa de esas normas.

Los organismos defensores de los derechos humanos somos coadyuvantes en la tarea de armonizar nuestra vida social acorde con lo que desde el poder público se hace para dar esa protección.

En la página de internet, www.gob.mx, se indica que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue creado para impulsar, mediante cooperación y coordinación, la atención del tema entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y las fiscalías federal y locales.

Como nada puede, o debe de hacerse sin el sustento legal, surge, en 2012, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según la misma página, ante la falta de atención a las agresiones de personas defensoras y periodistas, por parte de las autoridades involucradas (policías municipales, estatales y federales, así como las omisiones de las fiscalías respecto a dictar medidas cautelares que les corresponde cuando existe una víctima del delito en riesgo).

Cumplamos y hagamos cumplir las leyes.