Muchas personas dicen: “Para atrás, ni para tomar impulso”. Yo no me identifico plenamente con esta frase y la correspondiente actitud a la que se refiere, que revela ciertamente un alto grado de optimismo, que nunca sobra, pero en mi opinión un optimismo un tanto ingenuo y ciego, que haciendo caso omiso de la prudencia, que aconsejaría detenernos a evaluar mejor el entorno y las circunstancias, o incluso desandar una parte del camino, nos hace mantenernos testarudamente en una sola vía que ya no permite un avance más veloz y eficaz hacia el destino al que nos dirigimos, o incluso puede conducirnos a otro que no deseábamos.

Por eso yo sí veo como positiva la decisión que tomó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, de dar por cancelado el intento de cobrar un derecho a la “infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública”, porque revela que es capaz de enmendar un error y seguir para adelante, aunque no sea reconociéndolo explícitamente. De hecho, a las personas que pertenecen a la clase política es a quienes más se les dificulta admitir que han tomado una mala decisión, y enmendar el camino.

El referido impuesto venía ya con varias deficiencias congénitas, la primera de ellas fue confiar en que una entidad sobre la que no se tiene ningún control político ni administrativo, la CFE, iba a hacer la labor de cobrar a los ciudadanos el importe correspondiente. Es cierto, se tenía una carta de intención aprobatoria de quien tiene el mayor nivel de jerarquía localmente, pero un asunto de esta naturaleza y alcances debió ser negociado a un mayor nivel, antes de soltarlo a la opinión pública; no era difícil prever los conflictos políticos y de interés que aflorarían.

Por otro lado, había también, aunque en menor grado, riesgo de generar una injusticia social, ya que al estar indexado el importe a pagar al consumo de electricidad, muchas localidades en donde no hay inseguridad, ni se necesita una cámara para combatirla, y seguramente ni estaba contemplado poner una ahí, estarían pagando ese derecho. A pesar de que se fijó un mínimo de consumo eléctrico para empezar a cobrarlo, creo que varios contribuyentes caerían en este supuesto.

Asimismo, aunque no soy abogado, escuché y leí opiniones de expertos, que consideraban endeble el sustento jurídico, ante posibles amparos que se hubieran presentado, y que fácilmente hubieran obtenido una resolución favorable.

Las protestas e inconformidades se constituyeron también en un factor, aunque dudo que haya sido el de mayor relevancia. Sinceramente yo no veo el desenlace de este episodio como una victoria de la sociedad civil organizada, que protesta y acorrala a una autoridad hasta hacerla retroceder. Más bien veo a un político que evaluó las circunstancias, descubrió que no todos los escenarios habían sido considerados adecuadamente, y rectificó, y eso me da gusto verlo en un político.