Desde sus tiempos como jefe de Gobierno del D. F., Andrés López Obrador propuso y llevo a cabo una consulta sobre la revocación de su mandato; no debe por tanto sorprender que lo pretenda también desde la presidencia de la República. En el debate sobre este procedimiento, se ha argumentado que su objetivo inmediato es estar en la boleta electoral en 2021 para que, gracias al reparto directo de dinero vía programas para jóvenes, adultos mayores y otros, impulsar nuevamente una mayoría absoluta de diputados de su afinidad en el Congreso. Preocupa que esto distorsione el sentido de la elección legislativa, y que se convierta en un antecedente para la reelección. Me parece, sin embargo, que, más allá de las claras intenciones autocráticas del presidente, vale la pena discutir algunos elementos del sistema político que este debate debería incluir.

El interés de López Obrador, como lo fue de los anteriores cuatro presidentes, es contar con una mayoría en las cámaras que le permita dar bases presupuestales y legislativas idóneas a su proyecto de gobierno. En ese sentido, los objetivos de Andrés no son distintos de los de anteriores jefes de gobierno. El problema radica, en mi opinión, en querer forzar un sistema político presidencial para dar los frutos de uno parlamentario.

Si la sociedad y la clase política tuvieran la madurez de dar sepultura al disfuncional presidencialismo, la presencia de López Obrador en las boletas en 2021 sería algo necesario que, por una parte, sometería globalmente su proyecto a refrendo de las urnas, pero que, por la otra, daría a la oposición la posibilidad real de cambiar un gobierno a tres años de entrado en funciones. Esto, hoy imposible, hubiera marcado una enorme diferencia en la relación entre la sociedad y el gobierno en 2015, cuando muy probablemente Peña Nieto no hubiera logrado la ratificación.

Ahora bien, para que semejante mecanismo cumpliera la misión de reflejar la voluntad de la ciudadanía, y no solo de ratificar un proyecto en curso; es decir, para que se tratara de un procedimiento auténticamente democrático, tendría que satisfacer diversas condiciones, destacadamente dos: que las elecciones fueran organizadas por el INE con la autonomía que goza hoy, y con la cual se llevó a cabo la elección que ganó López Obrador; y que la Cámara de Diputados refleje con estricta proporcionalidad el peso de los electores, a diferencia de la situación actual, en la que una minoría logra una representación muy superior a sus votos y controla el Poder Legislativo.

Reconocer que el sistema presidencial es obsoleto, y que es necesario que gobierne quien tenga mayoría absoluta en la sociedad y en el Legislativo son condiciones indispensables para superar la dinámica de esta polarización que ya amenaza con una ruptura social.