Los políticos son, por definición, aves de tempestades. El conflicto es su espacio propio, y la disputa su oficio. No es que así sean porque esos seres son la encarnación del mal y nada bueno deba esperarse de ellos, como ya nos advertían las abuelas, sino porque la política se trata de eso: de confrontar programas antagónicos, de pugnar por espacios de poder a los que otros aspiran, de conducir a la sociedad por caminos que nunca pueden ser aceptados por todos.

Como consecuencia, los políticos, en especial en sus momentos de mayor encumbramiento, tienen siempre adversarios: otros políticos con intereses en conflicto.

Y otra vez, así es la política. Más aún, de eso se trata la política: de que las disputas sociales se diriman dentro de prácticas legales y pacíficas, y no bajo la lógica de la violencia (aunque ésta nunca queda del todo conjurada).

En esta dinámica por naturaleza conflictiva, la muerte de un político invariablemente tendrá damnificados y beneficiarios. El espacio que deja, las relaciones que se quiebran, los procesos de los que se ausenta son parte de redes de intereses que inevitablemente se moverán ante su abrupta ausencia.

Las muertes de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso no son la excepción a esta regla. Con ellas desaparecen la cabeza de un importante grupo político nacional, organizado principalmente en el interior del PAN, que se desempeñaba por el momento como senador, y una gobernadora, electa en medio de un intenso conflicto electoral.

Dada su relevancia política, evidentemente hay quienes se verán beneficiados con su repentina ausencia, tal y como ocurre invariablemente con figuras comparables. Ahora bien, de ese hecho no hay forma de concluir que su muerte haya sido el resultado de un atentado.

Los políticos, como todas las personas, pierden la vida de una u otra manera; por vejez o enfermedad, la mayoría de las veces, sin que esto lleve a concluir que alguien les quitó la vida, aunque haya a quienes el hecho les convenga.

En el mismo sentido, afirmar que los beneficiarios -reales o imaginarios- del fallecimiento de Moreno y Alonso son por tanto responsables de asesinato carece de sustento.

Una sospecha de esa naturaleza tendría que fundarse en otros indicios -amenazas previas, evidencia, testigos- no en constatar la existencia de otros políticos a quienes sus muertes podrían favorecer.

La sociedad mexicana atraviesa por una etapa de crispación política que amenaza con deteriorar la convivencia social. En nada ayuda a superarla lanzar acusaciones sin fundamento a López Obrador o a Miguel Barbosa.

Tampoco lo hace el obsceno festejo que en las redes sociales algunos hacen de la tragedia personal de los políticos fallecidos. En ningún caso es legítimo afirmar sin tener mínimos elementos de certeza.