En diciembre de 2001, en concierto con el duopolio televisivo, Vicente Fox lanzó una ofensiva propagandística contra la Cámara de Diputados, como un instrumento de presión, primero, y represalia, después, por haber rechazado la aplicación del IVA al consumo de alimentos y medicinas.

En los siguientes lustros, este filón publicitario y político se extendió y profundizó, resultando en una reprobación rápidamente creciente de los partidos políticos, de los legisladores y de los órganos electorales.

Políticos de todos los signos abonaron a ese desprestigio, tanto por evidenciar en su propio desempeño la ineficacia del sistema para satisfacer necesidades económicas, y de otro tipo, de la sociedad, como por exhibir grotescos actos de sistemática corrupción, o repetir, en busca de fingidos consensos con la opinión ciudadana, criterios tan generalizados como equivocados sobre las culpas de la política misma.

En 2006, este proceso de descrédito dio un salto de calidad, al hacer López Obrador responsable al Instituto Federal Electoral de un imaginario, descomunal fraude, y al rechazar globalmente la capacidad de los organismos electorales en general de organizar y arbitrar elecciones limpias.

El sexenio de la alternancia concluyó con una extendida convicción social de que los partidos políticos, los congresos y los referidos organismos electorales eran instituciones nocivas, corruptas y tramposas que debían al menos minimizarse, de no ser posible eliminarlas. Al llegar la elección de 2018, estas creencias eran ya ampliamente mayoritarias.

El electorado mexicano, de distintas filiaciones, rechazaba activamente las instituciones clave de cualquier democracia.

En el momento actual, en medio de la polarización de la opinión política de los mexicanos, los distintos reclamos y demandas que se levantan contrastan de forma muy notable con los que en los años previos a la alternancia de 2000 generaban el más amplio consenso.

Las exigencias de pluralidad política, de equidad en los comicios, de fortalecimiento de la autonomía de los órganos electorales, de proporcionalidad en la elección de órganos colegiados del Estado, o de plena independencia de los poderes han quedado fuera de las aspiraciones sociales de una amplia mayoría.

El caso de los legisladores plurinominales resulta emblemático. Si bien éstos dan representación al 55% de los electores, frente al 40% de los uninominales, la mayoría de los votantes están convencidos de que no representan a nadie.

La realidad es que la estructura del sistema político hasta el día de hoy es básicamente la misma que antes de la alternancia de 2000; sin embargo, la experiencia de los últimos dieciocho años ha sido percibida por la mayoría como la de la democracia, y su fracaso, por tanto, como el de ésta.

Esto explica por qué hoy, como sociedad, ya no aspiramos a ella.