El martes 27, un grupo criminal incendió un bar en Coatzacoalcos, dejando un saldo hasta ayer de 29 personas muertas. Existe una diversidad de elementos que es necesario considerar para explicar por qué ocurren reiteradamente este tipo de hechos, y entender cuál es la situación general de inseguridad en la que vivimos los mexicanos.

Las causas más inmediatas, como en este caso la franca ineptitud del gobernador Cuitláhuac García, deben sin duda tenerse en cuenta; sin embargo, no pueden dejar de considerarse otras de mayor alcance y generalidad. En este caso particular, es verdad que la violencia en Veracruz ha alcanzado niveles aterradores gracias a la incapacidad del responsable de las instituciones estatales de seguridad, pero también es cierto que los grupos que hoy han convertido a ese estado en zona de desastre ni surgieron en el sexenio que inicia, ni son fundamentalmente distintos de otros que operan a lo largo y ancho del país. Se trata de un nuevo capítulo de la última gran crisis de violencia generada por el narcotráfico, y que tuvo sus albores hacia finales del sexenio de Fox.

Ha quedado ya claro que la ruta del exterminio violento de la delincuencia, tomada con infame entusiasmo por Calderón, no lleva a la paz. Más allá de las fantasías fílmicas en que la sustentaba ideológicamente, la delincuencia organizada, a diferencia de lo que dice la tele gringa, tiene profundas raíces sociales y se nutre de necesidades humanas que el Estado ha sido incapaz de satisfacer, como el no morir de hambre o el tener un techo sobre la cabeza, entre otras.

La inviabilidad de una solución armada ha sido sostenida, correctamente, por López Obrador. Sin embargo, el todavía nuevo presidente no tiene tan clara la alternativa a la guerra contra las drogas. Su anuncio de que ya no se perseguiría a los líderes de las bandas criminales tenía por objeto generar una distensión que propiciara el abatimiento de la violencia; no obstante, en los hechos no tuvo ese efecto. La reacción de al menos una porción importante de estos grupos ha sido más bien la de ocupar nuevos espacios, confrontando a otros sin la perturbación de la fuerza pública. Lejos del efecto de retracción y de la búsqueda de transitar a la legalidad, como les ofreció el tabasqueño, la tregua unilateral ha significado el retraimiento del Estado frente a una delincuencia expansiva. Como consecuencia, sin una estrategia alternativa practicable, por la vía de los hechos el nuevo gobierno está retomando la estrategia de Calderón. Hoy, la seguridad pública en Veracruz está siendo asumida por el Ejercito y la Marina, ni siquiera por la Guardia Nacional.

Mala noticia para el país el retorno a una estrategia que, en el pasado, produjo centenas de miles de víctimas y una delincuencia invencible.