En tiempos de Fox se reformó la Constitución para establecer que los poderes judiciales, tanto el de la Federación como los de los estados, tendrían que recibir año tras año un presupuesto no inferior al 2% del total. Esta disposición quedó asentada en su artículo 64. Para 2020, el presupuesto gubernamental total del Estado de Yucatán asciende, según se publicó en el Diario Oficial, a algo más de 44 mil millones de pesos ($44,096.239,578), por lo que, constitucionalmente, lo asignado al Poder Judicial del Estado debería ser de un poco menos de 900 millones de pesos ($881.924,792); empero, de acuerdo con el decreto, solo habrán de corresponderle poco más de 600 millones ($611.036,980).

Esta situación no recibió mayor atención pública por distintas razones, que incluyen, entre otras, que el Tribunal Superior de Justicia del Estado no la objetó, que las particularidades del presupuesto reciben poca atención de la ciudadanía, y que ésta se concentró en los nuevos impuestos promulgados por el gobernador. Sin embargo esta semana, ejerciendo su derecho estrictamente individual, el abogado Óscar Sauri Bazán presentó ante el Poder Judicial de la Federación una demanda de amparo en contra de la disposición que se comenta, reclamando que se dé cumplimiento a la norma constitucional y le sea asignado a su correlativo local el 2% del total del presupuesto. Encuentro dos elementos de sumo interés en este asunto.

El primero es que se trata de un reclamo que afecta directamente la capacidad de los jueces de impartir justicia. Especialmente tras el cambio al sistema penal acusatorio y los juicios orales, estos funcionarios tienen serios problemas para darse abasto en el cumplimiento de sus deberes. De manera muy simplificada podemos decir que el nuevo sistema requiere mucho más trabajo personal y directo de éstos, es decir que en la práctica hay pocos jueces para muchos juicios, por mencionar uno solo de los inconvenientes de las restricciones económicas.

El segundo es que, antes de las profundas reformas en materia de derechos humanos que se han hecho a la Carta Magna, en estos asuntos entre las autoridades los particulares no podían intervenir legalmente. Ahora sí pueden hacerlo, de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte, pues aunque no sean parte directa del proceso cuestionado, sí sufren una afectación como resultado de la aplicación de normas generales, como son las que establecen el presupuesto.

En ambos sentidos, será muy interesante poner atención a cómo se resuelva este amparo, pues en caso de ser concedido aportará tanto a tener mejores servicios judiciales como a ampliar en la práctica la capacidad de intervención de los ciudadanos en las decisiones del poder.
Pronto sabremos el resultado.